• Gobierno de Nasry Juan Asfura Zablah desmonta programas creados entre 2022 y 2025 y ordena liquidaciones tras publicación en La Gaceta
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El Gobierno de la República oficializó una profunda reconfiguración del aparato estatal tras la publicación en el Diario Oficial La Gaceta No. 37,079 de un decreto ejecutivo que elimina la Cátedra Morazánica del sistema educativo, suprime el reconocimiento de antigüedad laboral otorgado por PCM y ordena la liquidación de múltiples instituciones y programas creados entre 2022 y 2025.
La normativa, firmada por el presidente Nasry Juan Asfura Zablah, marca un giro en la política educativa, administrativa y fiscal del Estado, al derogar expresamente varios decretos ejecutivos y establecer un proceso de reorganización con impacto en educación, empleo público, transparencia y planificación estatal.
Eliminan la Cátedra Morazánica y el estudio del 28J
Uno de los puntos más sensibles del decreto se encuentra en el Artículo 20, literal b), donde se deroga el PCM 14-2025 que creó la denominada “Cátedra Morazánica”. Esta asignatura incorporaba al currículo oficial el estudio del libro El Golpe 28 J: Conspiración Transnacional, un Crimen en la Impunidad.
Con esta decisión, el Ejecutivo elimina oficialmente del sistema educativo el análisis académico del Golpe de Estado del 28 de junio de 2009, contenido que había sido integrado como parte de una política de memoria histórica impulsada en la administración anterior.
En el mismo Artículo 20, literal c), también se deroga el PCM 30-2025, que reconocía la antigüedad laboral acumulada para empleados que pasaron de contrato a acuerdo de nombramiento. La medida impacta directamente en el cálculo de cesantías, vacaciones y otros derechos vinculados al tiempo de servicio dentro del sector público.
Supresión de decretos y estructuras estatales
El Artículo 19 elimina ocho decretos ejecutivos adicionales, entre ellos el PCM 22-2023 sobre transparencia financiera y el PCM 17-2024 que creó el Instituto Nacional de la Memoria Histórica, así como otras estructuras vinculadas a planificación estratégica, comunicación gubernamental y comisiones presidenciales.
Asimismo, el Artículo 2 ordena la supresión de:
• Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
• Secretaría de Planificación Estratégica
• Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos de la Secretaría de la Presidencia
• Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos
• Programa de la Red Solidaria
El Artículo 3 refuerza esta decisión al eliminar disposiciones reglamentarias relacionadas con dichas dependencias dentro del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Poder Ejecutivo.
Reordenamiento en vivienda y cierre de fondos
En materia de vivienda, el Artículo 5 incorpora formalmente a la estructura estatal la Secretaría de Estado en el Despacho de Vivienda y Asentamientos Humanos, creada por ley en 2020. Paralelamente, suprime la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA) y ordena el cierre del Fondo Social de la Vivienda (FOSOVI).
El decreto establece que todos los bienes, derechos y activos de estas entidades deberán trasladarse a la nueva secretaría, como parte del proceso de concentración institucional.
Cambios en el sistema aeroportuario
En el ámbito aeroportuario, el Artículo 9 deroga el PCM 17-2023 y suprime el Servicio Aeroportuario Nacional (SAN), restableciendo el esquema anterior bajo la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios, S.A. (EHISA).
La normativa también reorganiza la adscripción de entidades como el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la ONCAE y la Dirección General de Cinematografía, consolidando una reconfiguración integral de la estructura administrativa del Estado.
Comisiones liquidadoras y disciplina fiscal
Entre los Artículos 21 y 27, el decreto instruye a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) a conformar Comisiones Técnicas Liquidadoras con plenas facultades para cancelar contratos, pagar prestaciones e indemnizaciones conforme al Código de Trabajo y la Ley de Servicio Civil.
El Artículo 24 ordena trasladar los recursos presupuestarios de las entidades suprimidas a SEFIN, mientras que el Artículo 26 dispone que los bienes y archivos pasen a la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE). El proceso deberá contar con auditoría concurrente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Además, el Artículo 29 ordena revisar los nombramientos efectuados al cierre de la administración anterior, y el Artículo 30 fija lineamientos de disciplina fiscal y sostenibilidad presupuestaria para todo el sector público.
Un nuevo rumbo institucional
El decreto entra en vigencia de forma inmediata tras su publicación en La Gaceta, consolidando lo que diversos sectores ya califican como un “borrón institucional” de la estructura creada en el período anterior.
La decisión del Ejecutivo redefine el mapa administrativo del Estado, impacta la estructura educativa y laboral del sector público, y establece un esquema más centralizado de control presupuestario y disciplina fiscal, marcando así el inicio de una nueva etapa en la gestión gubernamental.
