- La construcción de la represa El Tablón amenaza con inundar tierras fértiles del Valle de Quimistán. Comunidades acusan al gobierno de ignorar alternativas y atentar contra la soberanía alimentaria.
SANTA BÁRBARA, HONDURAS.
Desde horas de la madrugada de este lunes, decenas de pobladores de distintos municipios del occidente hondureño mantienen bloqueada la carretera CA-4, a la altura de Quimistán, en una enérgica protesta contra la construcción de la represa El Tablón.
La vía, que representa uno de los principales corredores logísticos del país, permanece completamente paralizada desde las 4:00 a.m., afectando el paso de cientos de vehículos.
La razón de la protesta es clara: los manifestantes denuncian que el actual emplazamiento de la represa provocaría la inundación de vastas áreas productivas en el Valle de Quimistán, poniendo en riesgo la agricultura local, el sustento de decenas de comunidades y la seguridad alimentaria de la región.
“Gran parte del valle quedaría bajo el agua. Pedimos al gobierno que considere otras alternativas, como ya lo hemos planteado en ocasiones anteriores”, expresó un líder comunitario.
A pesar de la gravedad de las denuncias y del impacto de la protesta, el gobierno central ha optado por el silencio, sin enviar hasta el momento ninguna comisión de diálogo ni presentar soluciones concretas.
La ausencia de respuesta por parte de las autoridades ha sido interpretada por los pobladores como una muestra de desprecio hacia las comunidades rurales y sus preocupaciones.
En la zona de la protesta se observan quemas de llantas como símbolo de resistencia, aunque la manifestación se ha mantenido pacífica y sin incidentes violentos, un contraste con la criminalización que a menudo sufren este tipo de expresiones populares.
Por su parte, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) ha emitido comunicados recomendando a los conductores evitar la zona y tomar rutas alternas.
Sin embargo, no se han anunciado soluciones estructurales ni respuestas al reclamo ciudadano.
Los manifestantes han reiterado que no se oponen al desarrollo, pero exigen que éste no se imponga a costa de su tierra, su trabajo y su forma de vida.
“No pueden hablarnos de progreso mientras condenan a nuestras comunidades a desaparecer bajo el agua. Queremos soluciones, no imposiciones”, sentenció una agricultora de la zona.
El caso de la represa El Tablón abre una vez más el debate sobre los megaproyectos promovidos por el gobierno sin la debida consulta comunitaria, sin transparencia y sin estudios de impacto socioambiental públicos.
Para muchos, la obra simboliza una política de desarrollo de espaldas al pueblo, donde los intereses empresariales prevalecen sobre el bienestar de las mayorías.
