- Análisis del CONADEH revela la crítica situación que enfrenta la niñez hondureña víctima de la violencia y de la indiferencia de las autoridades
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Al cumplirse 35 años de la adopción de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y ratificación por parte de Honduras, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) cuestionó hoy la falta de voluntad política del Estado hondureño para dar respuestas efectivas a los diferentes problemas que enfrenta la niñez y adolescencia en el país.
Cándida Maradiaga, coordinadora de la Defensoría de la Niñez del CONADEH, declaró que, en el marco de esta fecha especial, es un momento propicio para reflexionar y replantear los esfuerzos, que nos permitan garantizar que cada niña, niño y adolescente, en todos los rincones de Honduras, vean sus derechos cumplidos y puedan desarrollar todo su potencial.
El 20 de noviembre de 1989, hace 35 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño para que todos los países la incorporaran en su normativa legal y asegurar que todos los menores de 18 años, sin ningún tipo de discriminación, gocen de sus derechos.
Pese a algunos esfuerzos impulsados por los diferentes gobiernos, observamos que aún se tiene una deuda social pendiente con este sector poblacional, que día a día enfrenta muchos desafíos respecto al cumplimiento de sus derechos, expresó Maradiaga.
Prueba de ello agregó, son las reiteradas recomendaciones hechas, al país, por el Comité de Derechos del Niño, de las Naciones Unidas, en las evaluaciones de cumplimiento, en donde se refleja la falta de voluntad política de los gobiernos, para dar respuestas efectivas a las diferentes problemáticas que históricamente ha enfrentado la niñez y la adolescencia en nuestro país.
Indicó que existen grandes desafíos para hacer efectivo la realización plena de los derechos de los niños y niñas, sobre todo, cuando observamos que, entre enero y octubre del 2024, son más de 8,700 niñas y niños migrantes que han sido retornados y deportados a nuestro país, procedentes principalmente de Estados Unidos, México y Guatemala.
Otra situación crítica la enfrentan, en el país, las más de 15,000 niñas, niños y adolescentes que
se encuentran en situación de calle, alrededor de un millón en situación de trabajo infantil y, se estima, que alrededor de 1.1 millones de niños y niñas están fuera del sistema educativo.
Otro aspecto que debe llamar la atención es que, cada año, un poco más de 20,000 niñas resultan embarazadas y, lo más preocupante es que muchas de ellas, son víctimas de violencia sexual.
Vemos con preocupación, dijo Maradiaga, como muchos niños y niñas son víctimas de trata de personas. Datos oficiales revelan que, en los primeros siete meses del 2024, fueron rescatadas más de una veintena de víctimas de las cuales, 17 son niñas menores de 18 años.
En este contexto, entre el 2019 y el 2023, el CONADEH atendió alrededor de 4,182 quejas que vinculan como víctimas y en riesgo de desplazamiento forzado a niñas, niños y adolescentes.
El 2023, se constituyó como el año con el mayor número de casos, al atender, en sus diferentes oficinas, unos 1,243 casos de niñas, niños y adolescentes en riesgo y víctimas de desplazamiento forzado, en su mayoría perpetrados por maras y pandillas.
Es necesario que el gobierno hondureño asigne mayores recursos a la institucionalidad responsable de la implementación de las políticas públicas, con el firme propósito de prevenir la violencia contra niños, niñas y adolescentes, en sus diferentes manifestaciones, dijo Maradiaga.
Agregó que se debe fortalecer el Sistema Nacional de Garantía de Derechos (SIGADENAH) y, en general, invertir más en la niñez, a través de políticas de Estado con enfoque interinstitucional, que apunten a resolver los verdaderos problemas estructurales que históricamente enfrentan la niñez.
Otro aspecto que destacó, como indispensable, es la implementación de políticas y programas que permitan prevenir la explotación sexual de niñas y niños, además, adoptar medidas que permitan investigar de manera eficaz y enjuiciar a los autores de los casos de violencia sexual cometidos contra la niñez, evitando de esta forma la impunidad de los culpables.
