TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), a través de su titular, Blanca Izaguirre, expresó la preocupación por las demoras injustificadas durante las elecciones primarias de este domingo.
En el marco del proceso de observación electoral instalado por el Conadeh se han constatado centros de votación que, a horas de la tarde, persisten sin recibir el material electoral habiendo transcurrido más de ocho horas desde la apertura programada para el inicio de los comicios. Aunado a ello, se ha reportado que los vehículos de la ruta urbana que transportaban el material electoral se encuentran sin custodia e imposibilitados de acceder a los puntos de entrega.
Asimismo, la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha registrado múltiples protestas en los centros de votación, hechos de violencia que incluyen altercados entre miembros de diferentes partidos políticos y tomas de carreteras, impidiendo el acceso de las y los votantes a los centros electorales.
A la luz de esto, las autoridades con competencia para coordinar, gestionar la logística y custodiar las elecciones a nivel nacional, no han determinado una causalidad clara y justificable para lo sucedido; así como, no han establecido un plan de respuesta que atienda las necesidades urgentes de las y los votantes.
Ante lo anteriormente planteado, es de suma preocupación para el Conadeh que la escalada en la conflictividad electoral ejerza un efecto inhibitorio en las y los votantes, los cuales se han retirado de los centros de votación por la falta de apertura y los hechos de violencia.
Por lo tanto, el Conadeh advierte que el entorpecimiento u obstaculización del ejercicio al voto libre, secreto y directo, no solo constituye una violación del derecho al sufragio; sino que, implica una grave infracción a la Constitución de la República de Honduras en lo que respecta a la soberanía popular, la autodeterminación de los pueblos, la democracia participativa y la forma de gobierno.
En consecuencia, el ente defensor de DDHH insta al Ministerio Publico a iniciar de carácter urgente una investigación diligente y con celeridad sobre lo sucedido, a efectos de atribuir responsabilidad y evitar que los hechos se repitan de cara a las elecciones generales del próximo noviembre de este año.
