Diputada vinculada al escándalo del “cheque video” acumula más de medio millón de lempiras en salario pese a no asistir desde que estalló el escándalo. PSH denuncia el tecnicismo legal que la blinda, mientras el Congreso evita sesionar para no evidenciar su ausencia.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Mientras Honduras enfrenta una crisis de confianza institucional, el Congreso Nacional perfecciona el arte de la inacción.
La diputada Isis Cuéllar, protagonista del escándalo del “cheque video”, sigue cobrando su salario íntegro como legisladora pese a no presentarse desde que estalló el escándalo. ¿La razón? Nunca presentó una carta formal de renuncia, reveló este sábado el diputado Tomás Ramírez del Partido Salvador de Honduras (PSH), dejando al descubierto una arquitectura de protección legal que preserva privilegios a costa del erario público.
“En el pleno no ha habido una carta de renuncia que pueda justificar el no pago de su salario”, dijo Ramírez, señalando que, aunque Cuéllar está ausente, oficialmente continúa siendo diputada con todos sus beneficios intactos.
La congresista está vinculada a un escándalo que expuso el presunto desvío de fondos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) para fortalecer estructuras partidarias de Libre en Copán, evidencia captada en un video que sacudió al gobierno en julio pasado.
Lejos de asumir responsabilidades, Cuéllar permanece en la planilla del Congreso gracias a una licencia indefinida no contemplada formalmente por el reglamento legislativo.
Ramírez advirtió que el Congreso apenas ha sesionado una vez desde que estalló el escándalo, una táctica deliberada que impide acumular ausencias formales que justificarían descuentos o sanciones.
El costo para los hondureños es palpable: más de medio millón de lempiras pagados a una diputada que no legisla.
Su salario base mensual, sumado a beneficios, representa más de 45 sueldos mínimos en un país donde el ingreso promedio ronda los 11,000 lempiras.
La complicidad institucional no se limita al Congreso. El Ministerio Público guarda un silencio sepulcral sobre el caso. Han pasado más de cuatro meses desde la filtración del video sin que se conozcan requerimientos, citaciones o avances concretos en la investigación.
La impunidad se institucionaliza mientras el gobierno promueve un discurso anticorrupción cada vez más vacío.
El contraste con el exministro José Carlos Cardona, quien sí renunció tras la exposición pública del video, es revelador. Cuéllar, blindada por el fuero legislativo y los vacíos reglamentarios, sigue intocable.
El vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino, confirmó recientemente que la diputada continúa en funciones y en planilla porque “no hay acción legal” en su contra, estableciendo un preocupante precedente donde la ausencia de sentencia equivale a impunidad.
El escándalo Cuéllar refleja una peligrosa continuidad de prácticas que la administración de Xiomara Castro prometió erradicar: desvío de recursos públicos, manipulación partidaria de fondos estatales y, sobre todo, ausencia de consecuencias.
La doble moral institucional es evidente: cero tolerancia para los adversarios, protección silenciosa para los aliados.
La posición del PSH, aunque crítica, parece simbólica frente a la realidad parlamentaria. Sin los votos para modificar reglamentos o forzar sanciones, la oposición denuncia mientras el oficialismo administra la inacción como estrategia.
En este contexto, el Congreso Nacional no solo está paralizado: se ha convertido en un refugio de privilegios para quienes deberían rendir cuentas.
Cada sesión evitada, cada investigación congelada, cada salario pagado sin trabajo, refuerza un sistema donde la impunidad no es un accidente, sino una decisión.
Y mientras los diputados protegen a los suyos, el pueblo hondureño paga la cuenta.
