TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, lanzó este jueves una contundente crítica contra el uso discrecional de los recursos públicos por parte del Congreso Nacional, a través de subvenciones, el fondo departamental y el fondo social, a los que calificó como “mecanismos de corrupción y clientelismo político”.
“Han convertido el dinero del pueblo hondureño en una piñata y en una fiesta indebida de recursos públicos”, denunció Solórzano, al tiempo que exigió la derogación inmediata del artículo 349 de la Ley de Presupuesto, que actualmente permite ese tipo de asignaciones sin mayor fiscalización.
Según el abogado, estos fondos han sido utilizados durante años para alimentar una red de favores políticos entre congresistas, en detrimento de las verdaderas prioridades del país.
“Por más que repitan que ‘el dinero se invirtió correctamente’, nadie que conozca las carencias reales del pueblo puede justificar esta práctica de corrupción cuestionada por años”, señaló.
Solórzano fue aún más categórico al afirmar que: “La corrupción da asco, pero más ganas de vomitar da ver cómo la justifican, cómo la aplauden y cómo la legalizan desde el Congreso Nacional año tras año”.
Propuesta de reforma legal
En un giro propositivo, el presidente del CAH reveló que ya ha elaborado un borrador de decreto que propone eliminar el polémico artículo 349, y se mostró dispuesto a compartirlo con cualquier diputado que realmente desee avanzar hacia una gestión más transparente de los fondos públicos.
“El pueblo merece respeto, no más corrupción y cinismo”, sentenció en su publicación, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.
Llamado a la acción y respaldo social
La posición del CAH se suma al clamor creciente de sectores sociales, empresariales y académicos, como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), que han instado al Congreso Nacional y al Ministerio Público a poner fin a las asignaciones opacas y a reformar de fondo el uso de fondos públicos.
Los fondos señalados, como las subvenciones legislativas y el fondo departamental, han sido foco de múltiples escándalos en los últimos años. Diversos informes y auditorías han cuestionado la falta de controles, la concentración del poder en manos de ciertos legisladores y la imposibilidad de verificar el impacto real de los recursos en las comunidades.
Con esta denuncia y la propuesta en la mesa, la presión sobre el Congreso aumenta en un momento de crisis de credibilidad y de crecientes señalamientos por mal manejo de fondos públicos.
