- Tras más de tres años y 25 prórrogas, el Gobierno pone fin a una medida cuestionada por su impacto en derechos y en la institucionalidad
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El estado de excepción decretado por el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro vencerá el próximo 26 de enero y no será prorrogado, confirmó el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez.
Con ello concluye una de las políticas más polémicas del actual mandato, caracterizada por la normalización de una medida concebida como temporal.
Sánchez explicó que el régimen excepcional formó parte de las decisiones adoptadas para enfrentar la criminalidad y defendió su implementación como un componente de la estrategia de seguridad del Ejecutivo.
No obstante, el fin de la medida reabre el debate sobre los costos institucionales de haber sostenido por años un mecanismo extraordinario.
De respuesta urgente a regla permanente
El estado de excepción fue aprobado inicialmente el 6 de diciembre de 2022, tras denuncias generalizadas de extorsión.
Desde entonces, se prorrogó en más de 25 ocasiones, convirtiéndose en un instrumento recurrente que alteró el equilibrio entre seguridad pública y garantías constitucionales.
Durante su vigencia, la Secretaría de Seguridad reportó alrededor de 1.7 millones de operaciones a nivel nacional, una cifra que, para sectores críticos, evidencia un enfoque centrado en la fuerza y no en el fortalecimiento institucional, así como una débil rendición de cuentas sobre los resultados integrales de la política.
Alertas constitucionales y derechos en tensión
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), junto con organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, advirtió reiteradamente sobre una “tensión constitucional de máxima relevancia”.
Los señalamientos apuntaron a detenciones arbitrarias, restricciones a derechos civiles y a la prolongación indefinida de una figura que, por definición, debía ser excepcional.
La controversia alcanzó un punto crítico cuando Honduras celebró un proceso electoral bajo estado de excepción, un hecho sin precedentes recientes que, según analistas, debilitó las garantías democráticas y sentó un precedente riesgoso para futuros gobiernos.
¿Qué deja el fin del estado de excepción?
El vencimiento de la medida plantea interrogantes inmediatas: ¿están las instituciones preparadas para sostener la seguridad sin recurrir a regímenes extraordinarios?, ¿qué reformas estructurales quedaron pendientes? y ¿cómo se repararán los efectos de años de excepcionalidad sobre la confianza ciudadana?
Más allá de los discursos oficiales, críticos sostienen que el verdadero balance del estado de excepción no se mide solo en operativos, sino en el deterioro o fortalecimiento del Estado de derecho, un aspecto que permanece en disputa.
Transición y desafíos
El cierre del estado de excepción ocurre en la antesala del cambio de gobierno. El 27 de enero asumirá la presidencia Nasry Asfura, quien heredará el desafío de reconstruir una política de seguridad dentro de la normalidad constitucional, sin suspensiones prolongadas de derechos y con énfasis en prevención, institucionalidad y gobernabilidad.
Así, el 26 de enero no solo marca el vencimiento de una medida, sino el final de una etapa de excepcionalidad prolongada, cuyo impacto real en la democracia hondureña seguirá siendo objeto de escrutinio público.
