- Nilia Ramos cuestiona la falta de requerimientos fiscales en casos emblemáticos y plantea que el nuevo Congreso decida la continuidad de Johel Zelaya
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La exfiscal Nilia Ramos consideró que el nuevo Congreso Nacional de Honduras debe interpelar al fiscal general Johel Zelaya para que rinda cuentas al país por la ausencia de requerimientos fiscales en múltiples denuncias de corrupción que han salido a la luz en los últimos meses.
“El fiscal general nos debe mucho porque llegó con el propósito de perseguir a la oposición, mas no a la gente del partido que lo nombró. Hemos visto el caso de SEDESOL, un caso tan evidente, y no presentó requerimiento fiscal; han pasado casi cinco meses y seguimos en el limbo”, afirmó Ramos.
Casos señalados y expedientes sin respuesta
Ramos enumeró una serie de casos que, a su juicio, no han sido investigados con la debida diligencia por el Ministerio Público de Honduras. Entre ellos mencionó el “gramillazo”, el “planillazo”, el “narcovideo” y un presunto uso de más de 800 millones de lempiras en el Congreso Nacional, destinados a alimentación de los propios diputados.
Asimismo, cuestionó las subvenciones otorgadas por la Secretaría de Gobernación a cerca de 76 diputados, señalando que no existe claridad sobre el destino de esos fondos.
“Todas estas cosas no fueron investigadas; en cambio, el Ministerio Público se concentró en presentar requerimientos contra figuras como Nelson Márquez, procesos que al final quedarán en nada”, sostuvo.
Audios y dudas sobre el proceso electoral
La exfiscal también se refirió a audios vinculados a Cossette López, asegurando que personas particulares provenientes de Colombia habrían sido contratadas para manipularlos, lo que —según dijo— contaminó el material y deja dudas sobre su autenticidad.
“No se sabe realmente si todo esto era para hacer alboroto y desestabilizar el proceso electoral”, advirtió, al tiempo que cuestionó la falta de una investigación clara y transparente sobre estos hechos.
Interpelación y posible permanencia condicionada
Para Ramos, la interpelación del fiscal general es inevitable. “Por todo lo que no hizo, será el Congreso Nacional quien tome la decisión si lo destituyen o si lo dejan en el cargo, pero con condiciones”, afirmó.
Finalmente, criticó la concentración de poder dentro del Ministerio Público, al señalar que el fiscal general redujo la institución a una sola instancia, la Fiscalía General, absorbiendo atribuciones que antes tenían otras direcciones.
“Eso impidió que el Ministerio Público ampliara sus funciones y fortaleciera las investigaciones”, concluyó.
La presión política y social, enfatizó Ramos, recae ahora sobre el nuevo Congreso, que deberá definir si exige responsabilidades al titular del Ministerio Público o mantiene la actual conducción frente a las reiteradas denuncias de corrupción.
