TEGUCIGALPA, HONDURAS.
A cinco meses de las elecciones generales, una nueva tormenta política sacude al Consejo Nacional Electoral (CNE). El consejero propietario por el partido Libertad y Refundación (Libre), Marlon Ochoa, ha encendido las alarmas sobre la legalidad y transparencia del proceso de licitación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), señalando una supuesta “intromisión humana” que —según él— abre la puerta al fraude.
Con un mensaje posteado a través de su cuenta oficial en X, Ochoa acusó a los partidos Liberal y Nacional de manipular los Términos de Referencia (TDR) del proceso de contratación, asegurando que “por mayoría de votos de sus consejeras”, se incluyeron cláusulas que replican el modelo de centralización usado en las controvertidas elecciones de 2017.
“Aplicar ese mismo dictamen legal, después de centralizar ilegalmente el conteo de las actas, es por sí mismo un acto de fraude tramposo”, denunció.
El consejero solicitó una ampliación del dictamen a la Secretaría General del CNE y cuestionó que se usurpe la función de las más de 19 mil Juntas Receptoras de Votos, una medida que tildó de “retroceso democrático”.
Acusaciones cruzadas y sospechas electorales
La respuesta del Partido Liberal no tardó. A través de un comunicado, calificaron la nueva consulta de Ochoa como “malintencionada” y contraria a los procedimientos legales.
El 14 de junio, la Asesoría Legal del CNE había validado el pliego de condiciones del proceso de licitación, lo que llevó al PLH a preguntarse públicamente: “¿Qué busca Marlon Ochoa con un segundo dictamen?”
No obstante, apenas cuatro días después, esa misma unidad legal dio un giro: desestimó la creación de una “segunda transcripción” por personal externo antes de la publicación oficial de los resultados, argumentando que contraviene la Ley Electoral.
El Partido Nacional también arremetió contra Ochoa. A través de la red social X, lo acusaron de querer “doblarles la mano” a las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, y de utilizar dictámenes para validarse a sí mismo. “Ahí estaba la trampa de Libre”, advirtió el nacionalismo, apuntando al artículo 283 de la Ley Electoral que permite la verificación de actas.
¿Transparencia internacional o repetición de viejos vicios?
Ochoa, por su parte, ha denunciado intentos de manipulación internacional del proceso.
Asegura que emisarios de los partidos Liberal y Nacional viajaron a Sudamérica para contactar empresas vinculadas a Mapa Soluciones, la cuestionada firma del pasado proceso electoral. Según el consejero, buscan “trancar” la transmisión directa de resultados desde las mesas electorales al centro de cómputo, debilitando la transparencia.
La presidenta del CNE, Cossette López, desmintió las acusaciones. Defendió el proceso como “internacional y transparente”, y acusó a Ochoa de difundir una “campaña de desinformación”.
Una institucionalidad al filo del colapso
La polémica en torno al TREP refleja algo más profundo que diferencias técnicas: una crisis de confianza en el ente electoral.
La fragmentación del CNE y la judicialización de sus decisiones anticipan un proceso electoral enmarcado en la desconfianza y el conflicto.
Mientras Ochoa denuncia un esquema que —a su juicio— “huele a fraude”, sus adversarios lo acusan de sabotear un proceso ya validado.
En medio de esta batalla, la ciudadanía asiste, una vez más, a un espectáculo donde los intereses partidarios eclipsan la transparencia electoral.
¿Está el CNE preparando unas elecciones limpias o repitiendo viejas mañas? La pregunta, por ahora, queda sin respuesta.
