Por: Melvin López Herrera
En la semana recién pasada tuvo lugar un episodio más en la temporada del Juicio Político, mismo que está ocupando una alta prioridad en la agenda del Congreso Nacional; donde el oficialismo con su incondicional asociado parlamentario, ha logrado conjuntar los votos necesarios que les permitieron superar la temporal interrupción a la que se vieron sometidos en la continuación de la agenda descabezante, dedicada a ciertos funcionarios públicos a quienes, con razón o sin ella, se les tiene en la mirilla para aplicarles la guillotina política que se les ha reservado.
Sobre la etapa preparatoria de este nuevo episodio merece resaltar los siguientes hechos:
1) este nuevo episodio no se había activado por no contarse con los votos requeridos para admitirse a juicio político las denuncias respectivas… ya lo había anunciado el presidente del Congreso Nacional que, mientras no se contara con los votos requeridos no se introduciría una nueva activación de juicio político;
2) dentro de la bancada liberal hubo cierta resistencia para hipotecar los votos requeridos por la bancada oficialista;
3) tuvo que surgir oportunamente el “bono del pescado” (con ese nombre se le ha reconocido en el ambiente parlamentario) promovido por el Judas de ese partido político para cambiarles el chip a los diputados liberales que se mantenían en la referida resistencia;
4) con esa motivación se les torció el codo a quiene$ le tienen reverencia a la$ treinta monedas$ $iglo XXI;
5) se supo, con nombres y apellidos, quiénes del Partido Liberal no avalaron con su firma ese nuevo juicio político; pero nunca se supo si los 39 votos de esa bancada fueron cubiertos con muchas firmas de suplentes que quizá no estuvieron presente (debiendo estarlo) en esa sesión del Congreso donde se aprobó este nuevo juicio político;
6) la costumbre de comprar conciencias, desde todos los gobiernos de turno no tiene colores políticos… con el poder en manos de quienes nos gobiernan y con el dinero del pueblo se puede hacer lo que se quiera hacer, sin más ni más;
7) resultó curioso, por ser una coincidencia, que ese “bono del pescado” sólo se activó dentro de la bancada liberal; precisamente en el ala parlamentaria donde hacía falta los votos requeridos para reactivar el juicio político;
8) es una vergüenza para quienes deberían tenerla que, si es que la tienen que, mientras desde el Ejecutivo a los guerreros de los centros de salud se les tiene atrasado el pago de sus sueldos y mientras no se ha podido adquirir medicinas para los hospitales públicos… desde el mismo Poder Ejecutivo se destinen los escasos recursos de la hacienda pública para lograr sobornar a diputados en el Congreso Nacional, con fines exclusivos para el partido de gobierno;
9) no se ha querido poner a funcionar la pizarra electrónica del Congreso Nacional para asegurar la necesaria transparencia en todas las votaciones que se efectúen.
Por lo demás, este nuevo episodio de juicios políticos es una réplica del episodio anterior:
1) igual que lo que pasó con la expresidente de la Corte Suprema de Justicia, ahora también se le acepta la renuncia a la comisionada presidente de la “Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia de Honduras”, permitiéndole continuar en su cargo como Comisionada; es decir: les interesó únicamente tener disponible el cargo de “presidente” en ambos casos y del cual se les hace renunciar; sin pretender revisar y sancionar, en ambos casos, la conducta oficial de la magistrada ex presidente y de la comisionada ex presidente;
2) la Comisión Especial Investigadora del Juicio Político -igual que la anterior- vuelve a violar la Constitución de la República y la Ley, respecto a las garantías de las que deben gozar quienes sean sometidos a juicio político; pues se les vuelve a señalar audiencias en menos de 24 horas dentro de los días hábiles y sin ponerles en antecedentes las denuncias en su contra para preparar su defensa.
(Haciendo un paréntesis reflexivo sobre el caso de estas dos ex presidentes, a quienes con toda facilidad se les conmutó el juicio político en su contra por el de la renuncia a sus cargos de presidente, conservando el de magistrada y comisionada respectivamente… ¿será acaso que como presidentes en esos órganos e instituciones del Estado tenían peso en sus decisiones como para, desde el Poder Judicial y desde la Comisión de la Competencia, tener asustados a algunos políticos, sobre todo a los incrustados en el Congreso Nacional?)
No cabe duda pues que, ya se tiene una plantilla fija para maquillar el procedimiento de la investigación… y no cabe duda de que el informe -en este nuevo episodio- se presentará al Pleno al día siguiente de haber finalizado las audiencias, aun contándose con hasta 30 días para cumplir con ese informe.
En la sesión del Pleno del Congreso, en este nuevo episodio del juicio político, se sometió y resolvió abarcar a miembros tanto del Consejo Nacional Electoral (CNE) como del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Vemos con sorpresa que no se promueven denuncias contra los consejeros responsables del CNE quienes, violando la Constitución de la República y la Ley Electoral de Honduras, declararon diputado electo a Jorge Luis Calix Espinal, quien ni participó en las elecciones generales, que tampoco nació en el departamento de Olancho y que jamás ha fincado su residencia habitacional en ese departamento. Igualmente, no se promovió denuncia contra los magistrados del TJE quienes celebrando un Pleno con tan sólo dos magistrados de los tres obligatorios, emitieron una resolución mandando a inscribir como candidato a diputado en las elecciones generales a Jorge Luis Calix Espinal, en violación a la Constitución de la República y a la Ley Electoral de Honduras. Esos, consejeros y magistrados, indudablemente deben también ser sometidos a juicio político al haber atentado contra la Constitución de la República y contra la Ley Electoral de Honduras.
Vemos pues que, sin temor a equivocarnos, en el Congreso Nacional -mientras no se abarque a los excluidos personajes señalados en el párrafo anterior- se están implantando estos juicios políticos con una indiscutible selectividad político-partidista. Esa herramienta jurídica se está utilizando con el único ánimo de asegurarse una concentración de poder del partido de gobierno; para luego tener la posibilidad de imponernos una nueva dictadura.
¿Y la bancada del Partido Liberal?… muy bien, gracias.
Abril 13 de 2026
