A reunión la junta directiva del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) para buscar solución a las más de nueve mil solicitudes de cesantías y pensiones debido al vacío que quedó luego de la derogación de la Ley Marco de Protección Social.
“El problema a tratar es la devolución de fondos a nueve mil seiscientas dos (9,602) personas que están solicitando cesantía porque terminaron su relación laboral con la empresa donde laboraban, pero además hay trescientas noventa (390) personas reclamando pensión, es decir terminaron su vida productiva con una empresa y prácticamente se retiran”, expresó Joel Almendares, directivo del RAP.
“Las cesantías equivalen a ciento cincuenta millones de lempiras y por pensiones casi diez millones por lo tanto es importante devolver, que esté ese fondo y que esté bien cuidado porque son fondos sanos para los trabajadores”, añadió.
En tal sentido, Almendares manifestó que, el RAP no haya la vía legal por medio de la cual devolver los 160 millones de lempiras en cesantías y pensiones dado que se eliminó la Ley Marco de Protección Social.
“Hay abogados que nos aconsejan que mejor se apruebe un decreto en el Congreso Nacional, lo elaboramos y lo aprobamos entre sector privado, trabajadores y sector gobierno, entonces o se aprueba en consejo directivo o se aprueba un decreto para devolver esos dineros”, explicó.
DEROGACIÓN DE LA LEY MARCO DE PROTECCIÓN SOCIAL NO PONE EN RIESGO FONDOS
“Con la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley, simplemente se corta de tajo una ley que había generado todo un marco de funcionamiento y que tiene consecuencias jurídicas, entonces al no prever eso y no hacer el Congreso una publicación de la sentencia indicando los efectos que tenía y además produciendo los instrumentos o una ley en torno a cómo se iba a manejar la desaparición de la Ley Marco queda un vacío donde las instituciones involucradas pierden la forma de captar recursos, de administración y de entrega de fondos”, expresó German Leitzelar, abogado laboralista.
“Los fondos ahí están, pero el RAP se quedó sin el mecanismo para entregar el dinero a quien corresponde. Por ello es muy importante que el Congreso haga un análisis de los efectos y genere los instrumentos jurídicos que permita a los administradores tener los elementos para tomar las decisiones sin que se genere responsabilidad o una crisis en el sistema”, concluyó.
