TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, lanzó una seria advertencia al país: el sistema electoral hondureño estaría siendo objeto de una maniobra para reinstaurar el antiguo modelo de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), a través de una empresa vinculada al escandaloso fraude electoral de 2017.
Según Ochoa, sectores ligados al bipartidismo estarían detrás de esta operación, con el objetivo de controlar la divulgación de actas en los comicios generales de 2025.
“El modelo de TREP que pretenden imponer le entrega el poder a un grupo de transcriptores en Tegucigalpa para decidir qué actas se publican y cuáles se retienen. Eso es abrir la puerta a la manipulación deliberada del proceso electoral”, alertó Ochoa.
El consejero denunció que este esquema no garantiza la transmisión simultánea y transparente de las actas de cierre, tal como lo exige el artículo 279 de la Ley Electoral.
Una empresa con antecedentes oscuros
El señalamiento más grave vino al revelar que una empresa ligada al fraude de 2017 —lMapa Soluciones— estaría buscando regresar al proceso electoral bajo otro nombre.
Según Ochoa, representantes del Partido Nacional y del Partido Liberal habrían viajado a Sudamérica para gestionar con compañías extranjeras que sirvan como fachada para reintroducirla al sistema de transmisión.
“No se trata solo de tecnología, se trata de impunidad. Es el mismo modelo fraudulento de hace ocho años, reciclado, con un nuevo logo, pero con los mismos intereses detrás”, advirtió Ochoa, apuntando que el objetivo de fondo es reactivar una fórmula que permitió manipular y retener actas a conveniencia del poder político.
Riesgos de opacidad y manipulación
El modelo que Ochoa critica permite una etapa intermedia de transcripción manual previa a la divulgación de resultados. Este proceso no está contemplado en la ley, y según él, representa una “tranca” que pone en peligro la transparencia.
“La ciudadanía debe saber que si se detiene una acta en esa fase, no hay forma de saberlo. La manipulación se volvería invisible”, explicó.
La exigencia de Ochoa es clara: el CNE debe garantizar que todas las actas se transmitan en tiempo real y de forma simultánea tanto al órgano electoral como a los partidos políticos. Solo así se puede asegurar una vigilancia efectiva y evitar el secuestro digital de los resultados.
Tecnología satelital: promesa con reservas
Por su parte, la titular del CNE informó que aún existen al menos 1,300 centros de votación sin conectividad, y prometió que en 2025 se utilizará tecnología satelital para garantizar una cobertura total.
Aunque se aspira a transmitir el 90% de las actas la misma noche, Ochoa sostiene que esa meta solo será creíble si el modelo técnico respeta la ley y se descarta por completo el viejo esquema del TREP.
En elecciones anteriores, los niveles de transmisión en tiempo real fueron bajos: apenas un 45% en 2021 y 62% en las primarias de 2025. Con esos antecedentes, la confianza ciudadana sigue siendo frágil.
Observación internacional y vigilancia ciudadana
Para blindar el proceso, Ochoa propuso que se abra la licitación del sistema a empresas con respaldo institucional de Europa, Estados Unidos y América del Sur, bajo la vigilancia del G-16 y otras instancias internacionales.
A la vez, reiteró que la transparencia del proceso no depende solo del software, sino del cumplimiento estricto de la ley y de la voluntad política de no repetir el pasado.
“La ciudadanía tiene que asumir un rol activo en la defensa de su voto. Ya vivimos lo que fue el apagón de actas en 2017. No podemos permitir que se repita ni en forma ni en fondo”, concluyó.
A medida que se acercan las elecciones generales de 2025, el país enfrenta una encrucijada: avanzar hacia un sistema electoral transparente y confiable o caer nuevamente en las trampas del pasado, reeditadas bajo nuevas formas.
La advertencia de Marlon Ochoa no es menor; es un llamado urgente a vigilar, denunciar y exigir que la democracia no vuelva a ser secuestrada por el poder político ni por empresas con antecedentes cuestionables.
