- Víctor Hugo Díaz Morales, capo hondureño y testigo clave contra Tony Hernández, colaboró con la justicia estadounidense y será deportado a Guatemala, no a su país natal.
NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.
El hondureño Víctor Hugo Díaz Morales, conocido como “El Rojo”, fue liberado tras cumplir su condena por narcotráfico en Estados Unidos.
Sin embargo, el polémico exjefe criminal no será deportado a Honduras, sino a Guatemala, país desde el cual fue extraditado en 2018.
La decisión fue confirmada el 30 de octubre de 2025 por el juez federal Kevin Castel, quien ordenó al Servicio de Alguaciles y a la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York coordinar su deportación.
Según la resolución, Díaz Morales ya completó su pena en el Centro de Detención del Condado de Hudson, en Nueva Jersey, y su salida fue programada desde el Aeropuerto Internacional de Newark (EWR) hacia Ciudad de Guatemala.
Colaboración con la justicia y revelaciones del “narco-Estado” hondureño
“El Rojo” no fue un reo cualquiera. Su nombre está ligado directamente a la red de narcotráfico que, según fiscales estadounidenses, infiltró las estructuras políticas y militares de Honduras durante más de una década.
Durante el juicio contra el exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, Díaz Morales ofreció testimonios explosivos: confesó haber entregado dinero del narcotráfico para financiar campañas políticas y describió un esquema de corrupción que conectaba a capos, autoridades policiales y líderes del Partido Nacional.
“El Rojo arriesgó todo para ayudar a desmantelar el narco-Estado que era Honduras”, escribió su abogado Scott Kalisch en un memorando al juez Castel, presentado el 27 de septiembre de 2025.
Su cooperación fue considerada “sustancial” por la Fiscalía estadounidense, que recomendó una reducción significativa de su pena. Este gesto le permitió obtener la figura de “tiempo servido”, tras más de siete años bajo custodia.
Del Caribe hondureño a las cortes de Nueva York
Víctor Hugo Díaz Morales inició su trayectoria criminal como transportista de cocaína en el Litoral Atlántico hondureño, pero rápidamente ascendió hasta convertirse en un lugarteniente clave en las rutas que unían Colombia, Honduras y Guatemala.
Desde sus bases de operación en Atlántida y Colón, “El Rojo” tejió vínculos con autoridades locales, militares y empresarios, comprando lealtades y garantizando el paso seguro de toneladas de droga hacia el norte. Su captura se produjo en Guatemala en 2017, y fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2018, donde enfrentó cargos ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Durante los procesos judiciales, su testimonio fue catalogado como uno de los más reveladores sobre la conexión entre narcotráfico y poder político en Honduras.
En sus declaraciones ante el tribunal, relató pagos millonarios a funcionarios, protección oficial a cargamentos de cocaína y complicidad institucional a todos los niveles del Estado.
Un regreso incómodo que Honduras no verá
Pese a ser hondureño, Díaz Morales no regresará a su país, donde podría ser objeto de represalias o representar una amenaza política para quienes fueron señalados en sus declaraciones.
La justicia estadounidense determinó que su deportación se ejecute hacia Guatemala, argumentando que fue desde ese territorio donde fue extraditado originalmente.
Fuentes judiciales señalan que esta decisión evita riesgos de seguridad y complicaciones diplomáticas con Honduras, donde aún pesan las consecuencias del testimonio del capo en los juicios contra los hermanos Hernández.
La defensa de “El Rojo” solicitó que se le brinden medidas de protección, al considerar que su cooperación con las autoridades estadounidenses puso en riesgo su vida y la de su familia.
Símbolo de una impunidad que persiste
Aunque su colaboración permitió a Estados Unidos condenar a varios capos hondureños, el caso de “El Rojo” también expone una paradoja: mientras quienes confesaron sus crímenes obtienen beneficios judiciales fuera del país, en Honduras las redes políticas y económicas que se beneficiaron del narcotráfico siguen activas e impunes.
Su salida de prisión marca el final de una condena, pero no el cierre de la historia del narco-Estado hondureño, un capítulo que sigue proyectando sombras sobre la justicia, la política y la credibilidad institucional del país.
