TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), por medio de un pronunciamiento, exteriorizó este lunes su «profunda preocupación por la realización de las elecciones primarias en un contexto de estado de excepción que ha sido prorrogado en muchas ocasiones».
En el escrito la organización subrayó que la última prórroga se llevó a cabo el 19 de febrero de 2025 y su justificación se basa en la lucha contra la criminalidad organizada.
Indicaron que el desarrollo de procesos electorales en un contexto en el cual se restringen derechos fundamentales como la libertad de asociación, circulación y manifestación, representa una amenaza al derecho de los ciudadanos a participar en elecciones libres, justas, equitativas y transparentes.
«Las elecciones no solo son un mecanismo para seleccionar autoridades, también son la base misma del sistema democrático».
«Cuando estos procesos se llevan a cabo en condiciones restrictivas y sin mecanismos de control efectivos, se socavan la confianza ciudadana, la representatividad política y la estabilidad del Estado de derecho».
Manifestaron además que el Estado de derecho exige que cualquier restricción a los derechos fundamentales se aplique de acuerdo con procedimientos claros, previsibles y legítimos, evitando el ejercicio arbitrario del poder.
Sin embargo, la prolongación del estado de excepción sin la debida ratificación legislativa contradice este principio, debilitando las garantías constitucionales y sentando un grave precedente sobre la independencia de los poderes del Estado.
«El Decreto PCM 03-2025 contiene disposiciones imprecisas que otorgan amplias facultades al Ejecutivo sin establecer criterios claros de aplicación ni mecanismos de rendición de cuentas».
«Un ejemplo alarmante es su artículo 2, que restringe la libre circulación bajo determinaciones discrecionales de la Secretaría de Seguridad, creando un marco normativo ambiguo y propenso a abusos de poder».
Mencionaron que ante este contexto, «reiteramos que el escenario más favorable sería la derogación del estado de excepción durante el periodo electoral, lo que permitiría asegurar condiciones plenas para la democracia. Sin embargo, en caso de que esta demanda no se materialice».
Por todo lo anterior, exigen que «se respete el derecho de circulación, asociación y expresión, derechos fundamentales para la equidad en el proceso electoral, que se garantice la presencia de observadores nacionales e internacionales sin restricciones y que se garantice la transparencia del proceso, evitar la instrumentalización del estado de excepción como mecanismo de control político y que se garantice un proceso electoral imparcial».
De igual forma que respete el Estado de derecho y que se aseguren elecciones libres, justas y equitativas.
«Honduras enfrenta un momento crítico. La integridad del proceso electoral depende del respeto irrestricto a los principios democráticos. Garantizar elecciones en un ambiente de plena libertad y equidad no es solo un requisito normativo, sino una necesidad urgente para la estabilidad política y la legitimidad del poder».
Aquí el pronunciamiento íntegro:
