- Trabajadores se declaran en “insubordinación pacífica” mientras el alcalde anuncia denuncia contra magistrados que rechazaron el recuento de actas
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
El edificio administrativo de la Alcaldía del Distrito Central amaneció tomado este lunes por empleados municipales que se declararon en insubordinación pacífica en respaldo al alcalde Jorge Aldana, quien mantiene su decisión de no entregar el cargo hasta que se finalice el conteo de las 435 actas que, según él, confirman su victoria electoral.
Los trabajadores afirmaron que la protesta es una medida de presión para exigir que se respete la voluntad popular expresada en las urnas y se proceda al recuento completo de las actas cuestionadas.
“Estamos en pleno apoyo a nuestro alcalde Jorge Aldana. Como él lo ha reiterado, estamos en una insubordinación pacífica. No nos vamos de la alcaldía hasta que se cuenten las 435 actas, donde está clara la victoria de nuestro alcalde”, expresaron los manifestantes desde el interior del edificio municipal.
La toma ocurre en medio de una creciente tensión política tras la decisión del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de declarar inadmisibles los recursos de apelación interpuestos por Aldana, con los que solicitaba la revisión de más de 400 actas que, según su equipo legal, le daban el triunfo en la capital.
La resolución fue anunciada por el magistrado Mario Flores Urrutia, quien explicó que las impugnaciones no cumplían con los requisitos técnicos exigidos por la ley.
“El TJE, para dar una respuesta técnica y legal, establece que el peticionario debe ser congruente y preciso en su solicitud”, declaró Flores Urrutia al justificar la inadmisión de los recursos.
La resolución fue adoptada por mayoría, con los votos del propio Flores Urrutia y de la magistrada Miriam Barahona, en una sesión en la que estuvo ausente el magistrado Mario Morazán, lo que también ha sido cuestionado por el equipo de Aldana.
Tras conocerse el fallo, el alcalde capitalino anunció que el próximo lunes 12 de enero acudirá al Ministerio Público para interponer una denuncia penal contra los magistrados Flores Urrutia y Barahona, a quienes responsabiliza por lo que considera una decisión arbitraria y contraria a la voluntad popular.
La protesta en la Alcaldía se suma al clima de crispación política que atraviesa el país, en el que el proceso de definición de autoridades municipales y nacionales sigue generando confrontación entre instituciones, actores políticos y ahora también entre trabajadores del aparato público.
Mientras tanto, la municipalidad permanece bajo control de los empleados que respaldan a Aldana, a la espera de que se reabra el proceso de conteo de actas o se produzca un nuevo pronunciamiento de los órganos electorales.
