COHEP y CCIC condenan toma del CNE por colectivos de Libre y urgen respeto al TREP y al cronograma electoral
TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC) alzaron la voz este lunes ante la crisis institucional que atraviesa el proceso electoral, exigiendo el respeto irrestricto al cronograma de elecciones generales del 30 de noviembre y al funcionamiento autónomo del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Ambas organizaciones empresariales emitieron pronunciamientos en los que manifestaron su preocupación por las recientes acciones que ponen en entredicho la transparencia del proceso, incluyendo la toma de las instalaciones del CNE por colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre), lo que impidió la presentación de ofertas para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Desde Tegucigalpa, el Cohep exhortó a todos los partidos políticos y actores sociales a permitir que el CNE funcione de manera técnica, independiente y sin presiones indebidas.
Advirtió que el sistema TREP es una herramienta esencial para garantizar la transparencia electoral y que el combate al fraude no debe ser un pretexto para debilitar instituciones ni generar inestabilidad política.
“La defensa del orden democrático es una causa nacional”, subrayó la cúpula empresarial, al tiempo que recordó que el artículo 48 de la Constitución prohíbe a los partidos políticos atentar contra el sistema republicano y democrático del gobierno.
Por su parte, la CCIC, con sede en San Pedro Sula, lamentó los hechos ocurridos este lunes, señalando que las tomas de instalaciones del CNE no solo impiden el trabajo técnico del ente electoral, sino que podrían constituir delitos que atentan contra la institucionalidad democrática.
“La integridad del proceso electoral requiere respeto absoluto a cada una de sus etapas, desde la planificación hasta la ejecución”, afirmó la Cámara, que también expresó su inquietud ante la inacción de las autoridades de seguridad pública y de las Fuerzas Armadas, responsables constitucionales de resguardar las instituciones democráticas.
Ambas organizaciones coincidieron en demandar que se tomen medidas inmediatas para evitar la repetición de hechos que comprometan la legitimidad de las elecciones.
Finalmente, hicieron un llamado conjunto a las fuerzas políticas, al Estado y a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y compromiso con la democracia.
