- Carl Zaglin, director de Atlanco, fue hallado culpable de pagar coimas para obtener contratos de uniformes de la Policía Nacional; el caso revela la fragilidad institucional de Honduras.
EEUU
El empresario estadounidense Carl Zaglin, originario de Georgia y director ejecutivo de la compañía Atlanco, fue declarado culpable en un tribunal de Estados Unidos por pagar sobornos a funcionarios hondureños a cambio de contratos millonarios para dotar de uniformes a la Policía Nacional.
Tras dos semanas de juicio y apenas seis horas de deliberación, el jurado lo responsabilizó de tres cargos: violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) y dos cargos de conspiración.
El fallo abre la posibilidad de que Zaglin enfrente décadas en prisión y marca un precedente al ser el primer caso llevado a juicio luego de la pausa que ordenó el expresidente Donald Trump en la aplicación de la FCPA.
El periodista Samuel Rubenfeld, especialista en corrupción y aplicación de la FCPA, dio seguimiento a todo el proceso judicial.
Cómo operó el esquema de sobornos
De acuerdo con los fiscales, Zaglin no actuó en solitario. Su red incluyó a un banquero radicado en Miami, un socio comercial ya fallecido y el entonces vicepresidente de ventas de la empresa.
La estrategia les permitió canalizar pagos ilegales a funcionarios hondureños, lo que aseguró dos contratos valorados en 10,5 millones de dólares.
Una tercera licitación en 2019 no prosperó, pero el dinero ya había abierto puertas en Honduras y consolidado ganancias millonarias para Atlanco.
Testigos clave que confirmaron la corrupción
El caso se sostuvo en confesiones contundentes. El banquero Aldo Marchena, acusado junto con Zaglin, se declaró culpable a inicios de este año.
Luis Berkman, exvicepresidente de ventas, también admitió en 2021 su participación en un esquema paralelo en Bolivia vinculado a la venta de gas lacrimógeno.
Incluso, el hijo de Berkman relató cómo participó en las negociaciones iniciales de contratos en Honduras antes de declararse culpable en el caso boliviano.
A ello se sumó la confesión de Juan Ramón Molina, exfuncionario hondureño, quien aceptó haber recibido pagos ilegales para facilitar la adjudicación de los contratos a Atlanco.
Una defensa débil frente a las pruebas
La defensa de Zaglin intentó desvincularlo del esquema alegando que actuó siguiendo consejos legales respecto a los contratos en Honduras.
Sin embargo, la combinación de testimonios, confesiones y documentos cerró toda posibilidad de absolución.
El veredicto revela no solo la responsabilidad de un empresario extranjero, sino también la complicidad de funcionarios hondureños, quienes permitieron que contratos públicos fueran negociados bajo la sombra de sobornos.
Lo que viene
La audiencia de sentencia quedó programada para el 3 de diciembre de 2025 a las 10:00 a. m., fecha en que se definirá cuántos años de prisión enfrentará Zaglin.
El caso desnuda una vez más la vulnerabilidad de las instituciones hondureñas y la penetración del dinero sucio en sectores clave de seguridad pública.
Mientras Honduras intenta recomponer su imagen tras múltiples escándalos ligados a la Tasa de Seguridad, el eco de este juicio internacional recuerda que los uniformes de la Policía Nacional también fueron manchados por la corrupción.
