- Estudio revela desconfianza institucional, deterioro del clima de inversión y preocupación por estabilidad democrática a pocos días de las elecciones del 30 de noviembre.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) presentó este lunes los resultados de la cuarta edición del barómetro electoral, un estudio que refleja una creciente preocupación empresarial sobre la imparcialidad institucional, el clima político y la estabilidad económica del país en la antesala de las elecciones generales.
Según los resultados, siete de cada diez empresarios consideran que la cúpula de las Fuerzas Armadas no actúa con imparcialidad en el proceso electoral.
En cifras, un 68.06 % afirma que la institución castrense no está desempeñándose de manera neutral, mientras que un 88.06 % indica que los militares deben garantizar la estabilidad democrática del país.
Por su parte, seis de cada diez empresarios —un 59.89 %— creen que el Ministerio Público está politizado, evidenciando una profunda desconfianza hacia el ente encargado de la persecución penal.
Desconfianza en el proceso electoral y deterioro institucional
El estudio, basado en una encuesta a 1,167 empresarios, la mayoría responsables de pequeños negocios, revela que:
- 66.67 % confía parcialmente en el proceso electoral.
- 13.61 % expresa desconfianza total.
Aunque persisten las dudas, hay un dato alentador: 89.4 % considera que sí habrá elecciones el próximo 30 de noviembre, un incremento respecto al primer barómetro, donde el 84.1 % dudaba de la realización de los comicios.
Sin embargo, la percepción general hacia el Gobierno es negativa.
Un 86.4 % califica el discurso gubernamental como hostil y poco favorable para atraer inversiones, mientras que un 82 % asegura que ese discurso afecta la confianza en la economía y genera una sensación de desprotección y erosión de la seguridad jurídica.
El asesor legal del Cohep, Gustavo Solórzano, destacó que 74.72 % de los empresarios no cree que exista una separación real de poderes, reforzando el diagnóstico de fragilidad institucional.
Resultados, transición y respeto a la voluntad popular
De cara al proceso electoral, el barómetro reveló que:
- 77.8 % confía en que los resultados reflejarán la voluntad popular.
- Solo 46.56 % cree que los actores políticos respetarán los resultados.
- Apenas 41.94 % confía en que habrá una transición pacífica del Gobierno.
Este último dato indica que seis de cada diez empresarios desconfían del clima poselectoral y temen episodios de conflictividad.
A pesar del ambiente tenso, una abrumadora mayoría, 90.83 %, considera que es necesario un cambio de gobierno.
Relaciones internacionales y clima de inversión
El barómetro electoral también expone inquietudes en materia de política exterior y competitividad:
- 66.67 % de los empresarios cree que mantener relaciones estrechas con Venezuela afecta negativamente la inversión extranjera, especialmente con Estados Unidos.
- Más de dos tercios de los encuestados están insatisfechos con el clima de inversión, señalando que las condiciones actuales desalientan la llegada de capital y la generación de empleo.
Solórzano sostuvo que estos resultados evidencian “preocupación por la atracción de capital y el impacto en la estabilidad económica del país”.
Preferencias presidenciales según perfil empresarial
El estudio también evaluó la percepción sobre los presidenciables en relación con su capacidad técnica, credibilidad institucional y liderazgo económico:
¿Quién cumple el perfil técnico y tiene mejor recepción internacional?
- Salvador Nasralla (PL): 42.19 %
- Nasry Asfura (PN): 40.39 %
- Nelson Ávila (PINU-SD): 9.87 %
- Rixi Moncada (Libre): 4.78 %
- Mario Rivera (DC): 2.77 %
¿Quién ofrece mayor estabilidad política y señales de gobernanza seria?
- Asfura: 41.78 %
- Nasralla: 40.89 %
- Ávila: 12.12 %
- Moncada: 3.27 %
- Rivera Callejas: 1.14 %
¿Quién podría generar mayor clima de empleo?
- Asfura: 42.78 %
- Nasralla: 38.89 %
- Ávila: 12.22 %
- Moncada: 4.17 %
- Rivera Callejas: 1.94 %
Los resultados del barómetro electoral del Cohep confirman un deterioro de la confianza institucional, preocupación por la estabilidad democrática y un clima económico incierto, mientras el país entra en la etapa decisiva de uno de los procesos electorales más tensos de los últimos años.
