TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La exministra de Seguridad, Rocío Tábora continuará su proceso judicial en libertad luego que este lunes la Sala Constitucional admitiera el recurso de restitución de las medidas cautelares interpuesta por la defensa de la exfuncionaria.
Tábora salió esta tarde de la cárcel de Támara para ser conducida a su casa y según lo explicó su abogada defensora, Doris Imelda Madrid se acreditó fehacientemente el estado de salud de su defendida.
“Ha sido un trabajo bastante arduo, desde que se comenzó a la revocación de las medidas cautelares por parte de la corte de apelaciones de criminalidad organizada y corrupción”, dijo al agregar que es respetuosa del derecho y que siempre ha dicho que las resoluciones no se discuten, se respetan.
Madrid agregó, que, bajo ese marco, se interpuso el recurso de reposición y posteriormente el recurso de amparo ante la Sala Constitucional y otra reposición ante la Sala Constitucional.
“Se le han devuelto las garantías cautelares para que pueda defenderse en libertad”, indicó.
La exfuncionaria es acusada por la comisión de los delitos de fraude a título de cooperador necesario y violación a los deberes de los funcionarios en el fraude de los hospitales móviles comprados durante la pandemia del COVID-19.
El estado de Honduras compró siete unidades hospitalarias construidas en Turquía, pero de acuerdo a dictámenes periciales rendidos por expertos e inspecciones realizadas, no se reunían las condiciones requeridas para el aislamiento y tratamiento de personas afectadas por el virus COVID-19.
El perjuicio económico fue de 47 millones 512 mil 564 dólares, que equivale a mil 174 millones 517 mil 764.33 lempiras.
Por este mismo caso, el Ministerio Público logró en mayo del 2022 sentencias condenatorias contra el exdirector de la desaparecida Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) Marco Bográn, por 10 años y 11 meses de cárcel por fraude agravado en la compra de siete hospitales móviles.
Bográn fue penado por el tribunal de sentencia en materia de corrupción, que además resolvió que el acusado deberá pagar una sanción de mil 475 millones de lempiras (47.5 millones de dólares), más una inhabilitación para no ejercer en la administración pública por el doble de la condena recibida.
Asimismo, se resolvió inhabilitar por nueve años, cuatro meses y quince días para que no pueda optar u ostentar empleo o cargo público, al exgerente administrativo de Invest-H, Alex Moraes, acusado de cometer a título de autor el delito continuado de violación de los deberes de los funcionarios.
Es preciso destacar que son coimputados, la exministra de Salud, Alba Consuelo Flores (prófuga de la justicia), acusada por falsificación de documentos públicos, fraude a título de cooperador necesario y violación a los deberes de los funcionarios.
También es señalada la exviceministra de Finanzas, Roxana Melania Rodríguez Alvarado, por fraude a título de cooperador necesario y violación a los deberes de los funcionarios.
Finalmente, la exempleada de Invest-H en el área de contrataciones y adquisiciones, Bessy Roxana Rodríguez Mendoza, por fraude a título de cooperador necesario y violación a los deberes de los funcionarios.
