FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS.
A pesar que varios sectores de la sociedad hondureña señalan la irregularidad y expresan su inconformidad con el estado de excepción parcial, el Consejo de Secretarios de Estado, aprobó su ampliación por un período adicional de 45 días, por lo que se extenderá su vigencia hasta el próximo 5 de abril.
Esta medida, que inicialmente fue implementada para reforzar la seguridad en el país, continuará aplicándose en zonas específicas donde se han registrado altos índices de violencia.
Cabe destacar que, el estado de excepción abarcará también el día de las elecciones primarias, programadas para el 9 de marzo. Según la publicación oficial en el Diario Oficial La Gaceta, la medida estará vigente desde el 19 de febrero hasta el 5 de abril, cubriendo así el proceso electoral.
Sin embargo, la Policía Nacional afirmó que, “el estado de excepción parcial no restringe la circulación a nadie, al contrario, garantiza seguridad para todos permitiendo a nuestra institución reforzar los operativos”.
Asimismo, la Secretaría de Seguridad, subrayó que, esta disposición no afectará el derecho de libre circulación de los ciudadanos, garantizando que todos puedan desplazarse sin restricciones hacia sus centros de votación.
Además, enfatizó que, el objetivo principal es asegurar que los hondureños ejerzan su derecho al voto en un ambiente de seguridad y normalidad.
Para garantizar el orden durante la jornada electoral, la Policía Nacional reforzará los operativos de seguridad en los centros de votación. Esto incluirá la implementación de dispositivos de vigilancia y patrullajes estratégicos en las áreas cercanas a los lugares donde se llevará a cabo el sufragio, con el fin de prevenir cualquier acto que pueda alterar la paz durante el proceso.
No obstante, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) expresó su preocupación por la ampliación del estado de excepción, advirtiendo que podría afectar el proceso electoral, especialmente en lo relacionado con el conteo de votos y los procedimientos posteriores al cierre de los centros de votación.
De esta manera el organismo alertó que, si los centros de votación están dentro de las zonas donde se aplica la suspensión de garantías constitucionales, podría dificultarse la realización de estas actividades de manera tranquila y ordenada.
También remarcó que, esta situación podría entorpecer la remisión de información al Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que pondría en riesgo la transparencia y legitimidad del proceso electoral. Por ello, el organismo instó a las autoridades a considerar los horarios de la suspensión de garantías constitucionales para evitar afectaciones al desarrollo normal de las elecciones.
El estado de excepción entró en vigencia el 6 de diciembre del año 2022, a través del decreto ejecutivo PCM-01-2023, en esa ocasión las autoridades aseguraron que esta sería una medida temporal.
