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jueves, agosto 21, 2025
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En presos políticos se han convertido los tres hondureños acusados de magnicidio después que un juez de jurisdicción nacional confirmara el auto de formal procesamiento con prisión preventiva en audiencia inicial

  • Los imputados, señalados de planear el asesinato de Manuel “Mel” Zelaya y la caída del gobierno de Xiomara Castro, permanecerán recluidos en Támara mientras avanza el proceso judicial.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

Un juez en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó este miércoles auto de formal procesamiento y prisión preventiva contra tres ciudadanos hondureños acusados de actos preparatorios punibles y asociación terrorista, luego de una audiencia inicial celebrada este miércoles.

Los acusados son Arcadio Corrales Estrada, Perfecto de Jesús Enamorado Paz y Antonio David Kattán Rivera, quienes, según el expediente, habrían organizado un plan para asesinar al expresidente Manuel “Mel” Zelaya Rosales, desestabilizar el actual gobierno de Xiomara Castro y promover un paro nacional con acciones violentas que generaran caos y temor en la población.

Riesgo electoral y democracia en juego

De acuerdo con la acusación, la supuesta conspiración tenía como objetivo alterar el desarrollo de las elecciones generales de 2025, poniendo en entredicho la paz social, el orden constitucional y la estabilidad democrática del país.

Tras revisar los medios de prueba presentados por el Ministerio Público, el juez concluyó que existían indicios racionales de participación, por lo que resolvió enviar a los tres hondureños al Centro Penitenciario de Támara, en el valle de Francisco Morazán.

Audiencia preliminar en septiembre

El Poder Judicial informó que la audiencia preliminar quedó programada para el miércoles 17 de septiembre a las 9:00 de la mañana, donde se continuará con el proceso judicial en contra de los imputados.

Mientras tanto, la decisión judicial mantiene a los acusados en condición de detención preventiva, lo que ha abierto un debate público sobre si este caso responde estrictamente a la aplicación de la ley o si se trata de un proceso con matices políticos, en un contexto electoral particularmente sensible para Honduras.

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