TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La reciente aprobación de los pliegos de bases y condiciones para la licitación de 1,500 megavatios (MW) por parte de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) ha encendido las alarmas entre sectores de oposición y especialistas en energía.
La preocupación gira en torno al posible endeudamiento que, advierten, podría ser heredado por las futuras administraciones gubernamentales.
La licitación, impulsada por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), ha sido anunciada como la más ambiciosa en la historia energética de Honduras.
El proceso prioriza las fuentes renovables, con un 65% de participación de energía limpia y sistemas de almacenamiento, en un intento por diversificar y estabilizar la matriz energética nacional.
No obstante, el momento en que se lanza la convocatoria ha despertado suspicacias.
A pocos meses de las elecciones generales de 2025, varios sectores cuestionan la celeridad con la que se pretende adjudicar los contratos.
“En años anteriores se anularon procesos similares y se dilataron decisiones. Revivieron contratos viejos y ahora quieren hacer la licitación más grande del país en tiempo récord. ¿Por qué ahora?”, cuestionó el especialista en energía Kevin Rodríguez, quien además sugirió que la premura podría estar relacionada con negociaciones en curso con China.
Desde la oposición política también se han alzado voces críticas. Un diputado opositor, que prefirió no ser identificado, afirmó que el proceso carece de transparencia y podría comprometer las finanzas del Estado.
“Se están comprometiendo recursos futuros sin una discusión amplia ni análisis técnico suficiente”, señaló.
En respuesta a los señalamientos, el secretario de Energía y gerente interino de la ENEE, Erick Tejada, defendió el proceso, asegurando que la licitación es indispensable para hacer frente a una demanda energética que, según explicó, ha sido desatendida por más de 15 años.
“En Honduras tenemos lo que se llama demanda oculta, que crece al 12% anual. Por eso, esta licitación no es para hoy, sino para cubrir el periodo 2027-2035”, detalló Tejada.
Asimismo, explicó que se adoptará un modelo internacional de “rondas sucesivas”, con el objetivo de reducir el costo del kilovatio hora y atraer inversionistas de distintas regiones del mundo.
“No estamos casados con ninguna nación. Esta licitación se socializó en China, pero también lo haremos en EE. UU., Centroamérica y Sudamérica. Lo que buscamos son inversionistas serios”, añadió.
A pesar de los argumentos oficiales, los cuestionamientos persisten. Expertos y analistas coinciden en que el principal riesgo no radica únicamente en el origen de los inversionistas, sino en el costo final que deberá asumir el país por estos compromisos a largo plazo.
La licitación, bajo el nombre LPI 1000-010-2021, permanecerá abierta durante seis meses y se prevé que las adjudicaciones se realicen antes de que finalice el presente año.
Las primeras plantas entrarían en operación en 2027, marcando un hito en la historia energética nacional, pero también dejando una larga lista de interrogantes sin resolver.
