TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Mientras varios países pequeños enfrentan las consecuencias económicas, sociales y ambientales de la explotación petrolera, en Honduras persiste el interés por avanzar en la extracción de petróleo en el Caribe hondureño. Más de 25 municipios costeros podrían verse afectados ante un posible derrame, con graves impactos en la pesca artesanal, el turismo costero y la biodiversidad marina.
Frente a este panorama, organizaciones sociales y ambientales de Honduras y América Latina, entre ellas la Red Gran Caribe Libre de Fósiles, Oilwatch Latinoamérica y la Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica (ANAFAE), solicitaron al Gobierno de Honduras la realización de un estudio técnico independiente que evalúe de manera integral los impactos económicos, sociales y ambientales de los proyectos de exploración y explotación petrolera previstos en el país.
El tema cobra vigencia debido a la continuidad del Contrato de Exploración y Explotación de Petróleo en el Caribe hondureño, aprobado en 2013 durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, y retomado bajo la actual administración de Xiomara Castro.
Las organizaciones alertaron que la experiencia internacional demuestra que la explotación petrolera no necesariamente mejora la calidad de vida de la población. En Ecuador, por ejemplo, a pesar de que el petróleo representa una parte importante de sus exportaciones, el país continúa enfrentando altos niveles de endeudamiento, déficit fiscal y desigualdad social. A ello se suman daños ambientales irreparables, como el derrame ocurrido en marzo de 2025 en Esmeraldas, que afectó gravemente fuentes de agua como el estero Caple, el río Viche y el río Esmeraldas, tras la ruptura de un oleoducto que liberó 25,000 barriles de petróleo.
En el caso de Honduras, 25 municipios del litoral atlántico corren riesgo ante eventos similares, poniendo en peligro el sustento de alrededor de 25,000 familias pescadoras artesanales que dependen del mar Caribe para su subsistencia.
ANAFAE recalcó que la planificación de proyectos extractivos requiere evaluaciones previas que consideren tanto el potencial económico como los riesgos para los territorios y comunidades.
Asimismo, recordó que el Estado está obligado a respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y a garantizar mecanismos de consulta previa, libre e informada, especialmente en zonas como La Mosquitia, donde la subsistencia depende de actividades sostenibles como la pesca, la agricultura y el ecoturismo.
“La toma de decisiones debe basarse en información técnica confiable y considerar los efectos a mediano y largo plazo. Es fundamental contar con estudios independientes que analicen de manera objetiva los impactos de la explotación petrolera sobre la economía y el medio ambiente. Honduras debe aprender de las experiencias de otros países para evitar decisiones precipitadas”, expresó Octavio Sánchez, director de ANAFAE.
Además de Ecuador, las organizaciones señalaron que países como Perú, Belice y Guinea Ecuatorial han impulsado proyectos petroleros sin lograr beneficios económicos sostenibles, enfrentando graves conflictos sociales, dependencia fiscal del petróleo y limitaciones en la redistribución de ingresos.
En ese sentido, recordaron que Honduras aún está a tiempo de evaluar de manera sería los costos y beneficios de estos proyectos, considerando no solo la rentabilidad económica, sino también sus implicaciones sociales, ambientales e institucionales.
Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada y respaldar la solicitud de un estudio técnico como un paso indispensable para que las decisiones públicas se adopten con transparencia, participación y respeto a las comunidades directamente involucradas.
