TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez Velásquez, presentó este lunes cifras que calificó como “históricas” al asegurar que Honduras ha logrado reducir 746 homicidios entre 2021 y 2025, y que las muertes violentas de mujeres han disminuido en un 40 % en los últimos dos años.
Sin embargo, las cifras contrastan con la percepción de inseguridad que aún persiste en buena parte del país.
Según los datos oficiales, los homicidios habrían bajado de 1,647 en 2021 a 901 en 2025, mientras que las muertes violentas de mujeres pasaron de 159 en 2023 a 96 en 2025.
Aunque la reducción es notable sobre el papel, expertos en seguridad y sectores de derechos humanos cuestionan la transparencia de los datos y la falta de acceso a metodologías claras para su verificación.
Promesas vs. percepción
El gobierno atribuye estos logros a un conjunto de estrategias como el Plan Integral de Reducción de la Violencia, la activación de la Línea 114, la operación “Candado”, la difusión de los “10 más buscados”, y la creación del Chatbot María para asistencia a mujeres en riesgo.
Pero mientras las autoridades celebran, organizaciones civiles cuestionan si estas medidas realmente se traducen en una sensación de mayor seguridad en las calles, particularmente en barrios y municipios históricamente golpeados por el crimen organizado, la extorsión y el narcotráfico.
Además, la permanencia del Estado de Excepción, instaurado desde finales de 2022, ha sido criticada por su uso arbitrario, detenciones ilegales y señalamientos de abusos de autoridad.
Muchos consideran que las cifras podrían reflejar una política punitiva sin mejoras estructurales sostenibles en el sistema judicial ni en la prevención social del delito.
¿Reducción real o cambio de patrón criminal?
Especialistas advierten que la baja de homicidios no necesariamente implica una disminución del crimen, sino una mutación en la dinámica criminal: menos asesinatos visibles, pero más desapariciones, desplazamientos forzados, extorsión, y control territorial discreto por parte de estructuras del crimen organizado.
Incluso en el caso de la violencia contra las mujeres, si bien se reportan menos asesinatos, las denuncias por violencia doméstica y feminicidios en grado de tentativa siguen en aumento, lo que sugiere subregistro o falta de acceso a la justicia por parte de muchas víctimas.
Conclusión
Aunque las cifras anunciadas por el ministro Sánchez representan un avance en la narrativa oficial de seguridad, el contraste con la realidad cotidiana de muchas comunidades plantea dudas legítimas sobre la profundidad y sostenibilidad de estos resultados.
El reto ahora no es solo mantener los números bajos, sino garantizar que la seguridad se traduzca en derechos, confianza y justicia efectiva para todos los ciudadanos, más allá de las estadísticas.
