- Sospechoso con arsenal de guerra queda libre y desata choque entre autoridades; Poder Judicial abre investigación a la jueza señalada
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Una operación de alto impacto contra el crimen organizado terminó envuelta en una fuerte polémica, luego de que un presunto jefe criminal capturado con un arsenal de armas de guerra fuera dejado en libertad por un juzgado en Olancho, provocando la indignación de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico.
El director de la DLCN, el general Ramiro Muñoz, cuestionó con dureza la decisión judicial que permitió que el imputado, identificado como José Paguada Gómez, regresara a su vivienda con medidas sustitutivas: firma semanal y el pago de una multa de 100 mil lempiras.
“Es un insulto para el pueblo hondureño que dejemos libre a alguien con este tipo de evidencia”, expresó el jerarca, visiblemente molesto.
Un arsenal y una operación millonaria
Según las autoridades, al detenido se le incautaron 36 armas de fuego, en su mayoría de uso prohibido y equipadas con silenciadores, en el marco de una operación coordinada por el Ministerio Público.
El operativo, ejecutado en Francisco Morazán, Olancho y El Paraíso, dejó además el aseguramiento de 129 bienes inmuebles, entre 80 y 90 vehículos y 11 productos financieros, como parte de una ofensiva para desarticular estructuras ligadas al narcotráfico y lavado de activos.
“Tres minutos borran meses de trabajo”
Muñoz lamentó que el esfuerzo de fiscales, investigadores y agentes quede debilitado por decisiones judiciales que, a su juicio, favorecen la impunidad.
“¿Sabe lo que cuesta llevar a cabo una operación de esta magnitud para que en tres minutos alguien quede libre?”, cuestionó.
El funcionario también señaló que, aunque los operadores de justicia pueden enfrentar amenazas, esto no debe traducirse en resoluciones que debiliten el Estado de derecho.
Incluso, sugirió que el caso pudo haber sido trasladado a otra jurisdicción ante posibles riesgos.
Poder Judicial abre investigación
Ante la controversia, el Poder Judicial de Honduras confirmó el inicio de una investigación sobre la actuación de la jueza que otorgó las medidas.
El portavoz judicial, Melvin Duarte, informó que se ha asignado un inspector adicional para documentar el caso y dar seguimiento.
“Una de las prioridades es poner atención a este tipo de situaciones y dar vigilancia permanente”, señaló.
Asimismo, recordó que el Ministerio Público tiene abierta la vía legal para impugnar la resolución mediante los recursos correspondientes.
Alerta por debilitamiento institucional
El director de la DLCN advirtió que decisiones como esta envían un mensaje peligroso a las estructuras criminales y erosionan la confianza ciudadana en las instituciones.
“Si un fiscal no puede acusar y un juez no puede actuar, ¿cuándo vamos a corregir este problema?”, cuestionó Muñoz.
Además, reveló que el imputado habría manifestado su intención de regresar a trabajar “con normalidad” en una gasolinera vinculada a bienes asegurados, lo que incrementa la preocupación de las autoridades.
Debate abierto en el sistema judicial
El caso vuelve a poner en el centro del debate la actuación del sistema de justicia en Honduras frente al crimen organizado, así como las presiones y riesgos que enfrentan sus operadores.
Mientras tanto, la DLCN aseguró que continuará ejecutando operativos y acciones legales, advirtiendo que no permitirá que este tipo de situaciones queden impunes.
“No aceptamos esto. Ya es suficiente. No podemos permitir tanta violación a la ley”, concluyó Muñoz.
