TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El gobierno de Honduras declaró un estado de emergencia nacional para enfrentar la creciente ola de muertes por accidentes de tránsito, especialmente en motocicletas, y lo hizo bajo un mecanismo que permite la contratación directa de implementos de seguridad, sin pasar por los procesos habituales de licitación.
El decreto, publicado en el diario oficial La Gaceta con fecha del 20 de junio, consta de pocos artículos, pero tiene implicaciones significativas.
El Artículo 1 declara un estado de emergencia durante seis meses en todo el territorio hondureño, argumentando la necesidad de preservar la vida y la integridad física de quienes se movilizan en motocicletas, triciclos y otros vehículos similares.
El Artículo 2 abre la puerta a la compra inmediata de accesorios e implementos de seguridad —como cascos, chalecos reflectivos y otros— a través de contratación directa, un mecanismo que ha sido fuertemente cuestionado en el pasado por su vulnerabilidad a la corrupción.
Esta medida será ejecutada con la colaboración de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y cualquier otra institución que se estime pertinente.
Aunque el decreto menciona el respeto a los principios de “transparencia y rendición de cuentas”, organizaciones de sociedad civil y expertos en materia de contratación pública han advertido repetidamente que el uso del estado de emergencia suele convertirse en una vía para eludir controles y beneficiar a empresas cercanas al poder.
Esta decisión se enmarca en la orden girada por la presidenta Xiomara Castro el pasado 5 de mayo, cuando instruyó la prohibición de circulación para motocicletas que no cuenten con los implementos de seguridad exigidos por la ley.
En su momento, la medida fue criticada por ser restrictiva, poco consultada y difícil de aplicar en zonas rurales donde la motocicleta es el único medio de transporte disponible.
¿Seguridad vial o negocio disfrazado?
El anuncio del decreto genera más preguntas que respuestas:
• ¿Cómo se elegirán las empresas proveedoras?
• ¿Cuáles serán los criterios para la distribución de los accesorios?
• ¿Qué instituciones vigilarán el uso adecuado de los fondos?
Honduras arrastra una historia reciente de emergencias declaradas con compras opacas, como ocurrió durante la pandemia del COVID-19.
Aún están frescos los escándalos de los hospitales móviles y la adquisición de insumos médicos sobrevalorados.
Ante la falta de claridad, el gobierno tiene el reto de demostrar que esta vez la emergencia no será una excusa para el despilfarro, sino una verdadera respuesta a una crisis de seguridad vial que ya cobra demasiadas vidas.
