TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Estado de Honduras reconoció su responsabilidad internacional por la destitución arbitraria e ilegal de cuatro magistrados de la Sala Constitucional en 2012, luego de que emitieran resoluciones contrarias a los planes del entonces presidente del país, Porfirio Lobo.
El acto público se realizó en un hotel de Tegucigalpa en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), emitida en abril de 2024, indicó la Procuraduría General de Honduras (PGR).
La sentencia de la CorteIDH indica que Honduras es responsable internacional por la «destitución arbitraria e ilegal» de José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira de sus cargos como magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
“El Estado de Honduras reconoce su responsabilidad y ratifica su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones convencionales derivadas del Pacto de San José, la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos”, el procurador general de Honduras, Manuel Antonio Díaz, en el acto.
El fallo de la CorteIDH también señala que el Estado no garantizó el acceso a un recurso efectivo de defensa y que incumplió su deber de investigar las amenazas y hostigamiento que recibieron las víctimas de este caso, así como el deber de establecer medidas de protección.
“Para nosotros, que el Estado de Honduras reconozca la destitución ilegal y arbitraria y los actos posteriores de que fuimos víctimas, es el principal acto que hemos recibidos”, dijo Rosalinda Cruz Sequeira durante el evento.
«Reparación parcial»
Señaló que este reconocimiento es una «reparación parcial», aunque subrayó que «al menos ante el pueblo hondureño se sabe y se ha visto que la destitución nuestra causó graves daños al Estados de Honduras”.
Este caso se remonta a 2012, cuando los magistrados declararon inconstitucionales iniciativas del Gobierno para crear las «ciudades modelo» y la «Ley de depuración policial», lo que generó presiones y hostigamiento por parte de autoridades gubernamentales, incluido el entonces presidente del país, Porfirio Lobo.
El Parlamento hondureño creó una comisión especial para investigar el comportamiento de los magistrados el 10 de diciembre de 2012, al día siguiente emitió un informe y horas después, la madrugada del día 12, el Congreso destituyó a los magistrados sin permitirles defenderse.
Los magistrados también relataron haber sufrido persecución, hostigamiento y atentados después de su destitución.
Según la sentencia, el Estado hondureño debe indemnizar con poco más de 2 millones de dólares a cada una de las víctimas y realizar cambios legislativos para evitar casos similares.
Con información de EFE
