Por: Sam Woolston
La primera semana del juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, estuvo marcada por dramáticos testimonios que detallaron cómo el dinero del narcotráfico llegó a todos los niveles del gobierno hondureño y pintaron un cuadro condenatorio de cómo las fuerzas de seguridad del Estado fueron cooptadas por grupos de narcotraficantes.
Los fiscales afirman que Hernández formó parte de una conspiración para traficar cocaína y utilizó el poder de la presidencia para proteger a narcotraficantes y solicitar sobornos de millones de dólares. Si es declarado culpable, Hernández se enfrenta a cadena perpetua.
“Este es un caso sobre el poder. Sobre corrupción, sobre cantidades masivas de cocaína”, dijo el fiscal, David Robles, en el alegato inicial.
Poco después, la defensa citó a Shakespeare. “El infierno está vacío y todos los demonios están aquí”, dijo el abogado defensor, Renato Stabile, un guiño a la queja recurrente de Hernández de que quienes testifican contra él son traficantes resentidos.
Los testimonios del juicio implicaron rápidamente a tres expresidentes hondureños que presuntamente recibieron dinero del narcotráfico y proporcionaron nuevos detalles sobre cómo los grupos criminales han penetrado en el corazón del Estado hondureño.
A continuación, InSight Crime examina las principales conclusiones de la primera semana del juicio.
El continuo control del narcoestado
José Sánchez, antiguo contador de la extinta empresa arrocera Granaderos Nacionales, fue el primer testigo de la fiscalía. Su testimonio implicó a tres expresidentes en la recepción de dinero de Geovanny Fuentes, un narcotraficante convicto.
Sánchez alegó que Fuentes le enviaba cheques mensuales de 250.000 lempiras (US$10.090) a Hernández, así como a dos de sus predecesores, Porfirio Lobo y José Manuel Zelaya, que recibieron pagos regulares de 100.000 lempiras (US$5.400) y 50.000 lempiras (US$2.770) respectivamente durante sus mandatos. (Conversiones basadas en los tipos de cambio de la época).
Zelaya está casado con la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Los vínculos entre los Zelaya y el dinero del narcotráfico también se pusieron de relieve en el juicio de Fuentes de 2021, cuando el antiguo líder del grupo narcotraficante, Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, testificó que sobornó a Zelaya con US$500.000 en 2006.
Un testimonio de 2017 también implicó al hermano de Zelaya, Carlos Zelaya, en actividades de narcotráfico en Catacamas, Olancho. Carlos es actualmente vicepresidente del Congreso de Honduras. Los Zelaya niegan las acusaciones contra ellos.
Para Hernández, los testimonios que detallaban millones de dólares en sobornos seguían llegando. En un caso, el antiguo líder de los Cachiros declaró haber visto a Hernández a través de una videollamada en una fiesta de cumpleaños de 2012 del hermano del entonces presidente Pepe Lobo.
La lista de invitados era un quién es quién de la élite criminal de Honduras. Después de la fiesta, según Maradiaga, los Cachiros acordaron hacer una contribución de US$250.000 a la próxima campaña presidencial de Hernández en 2013.
Aunque los testimonios actuales sugieren que el Partido Nacional de Hernández recibió de lejos la mayor cantidad de dinero del narcotráfico, parece que los traficantes tenían una actitud displicente hacia las alianzas políticas. Un antiguo traficante, según informes desde el interior de la sala del tribunal, habría declarado que sobornaban a cualquier político que ganara, independientemente de su color político.
La creciente sombra del cártel de Sinaloa
El testimonio de Alexander Ardón, narcotraficante convicto y exalcalde de El Paraíso, también ocupó un lugar destacado en la primera semana del juicio. Ardón detalló cómo el antiguo líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, voló a El Paraíso en helicóptero para entregar una contribución de un millón de dólares a la campaña presidencial de Hernández en 2013.
El dinero llegó a la campaña a través del hermano de Hernández, Tony Hernández, condenado por narcotráfico en 2019 y que cumple cadena perpetua. Las acusaciones de Ardón son consistentes con el testimonio que dio durante el juicio de Tony.
Sin embargo, un nuevo testimonio de un exmiembro del Cartel de Sinaloa, que utiliza el seudónimo de Luis Pérez, indicó que el grupo proporcionó más respaldo financiero a Hernández de lo que se sabía. Según el testigo, el grupo entregó un total de 2,4 millones de dólares más.
Pérez incluso detalló cómo 1 millón de dólares de estos fondos se canalizaron a través de un funcionario clave aliado de Hernández en el Puerto de Cortés, el principal puerto de Honduras y centro neurálgico del narcotráfico.
El dinero del narcotráfico corrompe todos los niveles del Estado hondureño
Además de detallar la contribución a la campaña de El Chapo, Ardón también describió cómo invirtió su propia riqueza personal del narcotráfico para ayudar al Partido Nacional a ganar las campañas nacionales y municipales. El narcotraficante dijo que conoció a Pepe Lobo y Hernández en 2008 y que le pidieron que contribuyera con US$2 millones en sobornos.
Ardón también afirmó que, tiempo después, Hernández le pidió que financiara a candidatos municipales en las provincias occidentales hondureñas de Lempira y Copán a cambio de seguir protegiendo las actividades de narcotráfico de Ardón.
Ardón declaró en juicios anteriores que nunca le incautaron los cargamentos de droga ni fue detenido, lo que indica que Hernández cumplió sus promesas de protección. La detención de Ardón se produjo después de que se entregara voluntariamente a las autoridades estadounidenses en 2015.
Durante el juicio de Hernández, Ardón también fue interrogado sobre varios de los 56 asesinatos en los que afirma haber participado, incluido el asesinato de Franklin Arita, un traficante rival que fue asesinado con una bazuca a manos de la Policía Nacional de Honduras en 2011.
El oficial de policía que llevó a cabo el golpe contra Arita fue Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, que más tarde fue ascendido a Jefe de la Policía de Honduras bajo Hernández y es considerado por los fiscales como un co-conspirador clave en el caso.
Bonilla fue detenido y extraditado a Estados Unidos en 2022 y se declaró culpable de tráfico de drogas en febrero.
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