• El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, señalándolos de actuar al margen de la ley y ordenar inscripciones irregulares de candidatos
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En un hecho que sacude el ambiente político y jurídico del país, el Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, a quienes acusa de emitir resoluciones contrarias a la ley y ordenar al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de ciudadanos como candidatos a diputados, sin cumplir los procedimientos legales establecidos.
La acción fue presentada por la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales, que señala a los magistrados de incurrir en prevaricato judicial, al adoptar decisiones que —según el MP— violan la Ley Orgánica y Procesal Electoral y los principios de legalidad y debido proceso.
Las acusaciones clave: decisiones arbitrarias y falta de integración legal del pleno
Según el comunicado oficial del MP, una de las principales irregularidades señaladas es que el magistrado Flores Urrutia habría participado y emitido opinión en una resolución relacionada con su propia recusación, lo que está expresamente prohibido por la normativa electoral.
Además, el 27 de octubre ambos magistrados resolvieron una medida sin notificar previamente al magistrado recusado ni convocar al suplente, incumpliendo la obligación legal de conformación plena del Tribunal para emitir decisiones.
El MP también señala otra resolución emitida el 28 de octubre, cuando los magistrados declararon con lugar recursos y ordenaron la inscripción inmediata de dos ciudadanos como candidatos al Congreso Nacional, pese a que el TJE no estaba debidamente integrado —no se convocó al tercer magistrado propietario ni a su suplente—, contraviniendo la normativa que exige la presencia de los tres miembros.
Sin fuero especial
El Ministerio Público subraya que, tras que la Corte Suprema de Justicia declarara inadmisible una solicitud de antejuicio, los magistrados del TJE no gozan de la misma protección legal que los magistrados de la CSJ, por lo que pueden ser acusados directamente ante un juez natural.
Con esto, fiscales de la Unidad Contra Delitos Electorales formalizaron el requerimiento fiscal para que el caso sea conocido en los tribunales correspondientes.
Contexto político
La acción se da en un ambiente político tenso, a pocas semanas de un proceso electoral, y podría tener repercusiones importantes en la credibilidad y funcionamiento de las instituciones electorales del país.
El TJE es la última instancia en materia de justicia electoral, y cualquier señalamiento sobre su imparcialidad o legalidad en sus decisiones impacta directamente en la confianza ciudadana en el proceso democrático.
Esta acusación abre un nuevo capítulo en la ya compleja relación entre órganos electorales y autoridades judiciales, dejando abierta la pregunta: ¿será este un precedente para mayor rigor y transparencia, o profundizará la polarización institucional en un momento clave para el país?
