Jefe castrense reafirma obediencia a la presidenta Xiomara Castro y subraya que el CNE no tendrá mando sobre los militares en las elecciones del 30 de noviembre
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
A menos de cuatro meses de las elecciones generales, las declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), General Roosevelt Hernández, han encendido las alarmas en sectores políticos y sociales, al dejar claro que los militares estarán “a disposición, pero no a las órdenes” del Consejo Nacional Electoral (CNE) durante el proceso comicial del 30 de noviembre.
“Hay que ver bien la definición y el concepto de las palabras. Pasar a disposición no es lo mismo que estar a las órdenes del CNE. Nosotros siempre estamos bajo la orden de nuestra comandante general de las Fuerzas Armadas”, afirmó, refiriéndose a la presidenta Xiomara Castro.
El dilema del control civil sobre el proceso electoral
Aunque el artículo 272 de la Constitución establece que las FF. AA. están obligadas a colaborar con el CNE para garantizar el desarrollo del proceso electoral, el general Hernández matizó esta obligación bajo una lógica jerárquica que pone en primer lugar la obediencia al Poder Ejecutivo, no al órgano electoral.
Las afirmaciones plantean un riesgo de interferencia del Poder Ejecutivo en un proceso que constitucionalmente debe ser autónomo y neutral.
Estas declaraciones surgen en medio de tensiones institucionales, tras la renuncia condicionada de la consejera Ana Paola Hall, y el colapso del proceso de adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
A esto se suma la preocupación por el rol real que jugarán las FF. AA., tradicionalmente encargadas de resguardar el material electoral y garantizar el orden durante los comicios.
¿Quién manda el 30 de noviembre?
Durante una visita de la presidenta Castro a la 105 Brigada de Infantería en San Pedro Sula, el general Hernández explicó que los militares ya se están preparando en centros de manejo de crisis para operar durante la jornada electoral.
Sin embargo, fue tajante: “no estamos a órdenes del CNE”.
Esto pone en duda el verdadero grado de autonomía y autoridad operativa que el CNE tendrá para coordinar con los militares, sobre todo en momentos críticos como el transporte del material electoral o la seguridad en los centros de votación.
“El CNE entregará el material 48 horas antes. Nosotros vamos a monitorearlo, recolectarlo y manejar ese proceso para asegurar la voluntad popular”, aseguró Hernández, evitando cualquier autocrítica por el caos ocurrido el 9 de marzo en centros de votación de Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde las FF. AA. fueron cuestionadas por su inacción.
Una advertencia solapada
El mensaje del general va más allá de una precisión semántica. Al insistir en que “algunos están malinterpretando” los conceptos, sugiere que desde el CNE —y posiblemente desde otros actores políticos— se pretende atribuir a los militares un rol que él no está dispuesto a asumir.
Esto siembra dudas sobre la cadena de mando, la imparcialidad del Ejército y la protección efectiva de la voluntad ciudadana.
En un país con memoria de militarismo
Estas declaraciones no son menores en una nación con un pasado reciente de injerencia militar en la política.
Mientras el país se adentra en un proceso electoral ya marcado por tensiones, retrasos e incertidumbre institucional, la claridad sobre el rol de las Fuerzas Armadas se vuelve esencial para evitar la percepción de parcialidad o subordinación política.
El CNE, por ley, debe tener el control logístico y operativo del proceso electoral.
Si este control se ve limitado por una interpretación jerárquica de “obediencia presidencial”, la transparencia y legitimidad del proceso podrían verse gravemente comprometidas.
