• El diputado liberal acusa a la candidata de Libre de recurrir al discurso del fraude y al uso del Ministerio Público como herramienta electoral, mientras defiende la independencia del CNE ante los ataques oficialistas.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El ambiente político hondureño sigue caldeándose a medida que se acercan las elecciones generales del 30 de noviembre.
Esta vez, el enfrentamiento se trasladó a las redes sociales, donde el diputado liberal Jorge Cálix respondió con dureza a la candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, luego de que esta exigiera la renuncia de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, tras la divulgación de audios que el Ministerio Público (MP) atribuyó a la funcionaria.
Moncada había escrito en su cuenta de X: “Exijo que el fiscal general actúe con toda la fuerza de la ley y que la consejera López renuncie de inmediato y se ponga a disposición de los investigadores, porque nadie que participa en una conspiración de tal magnitud tiene legitimidad para ejercer un cargo como autoridad electoral”.
Sin embargo, la reacción de Cálix no se hizo esperar. Desde la misma red social, el parlamentario calificó de “desesperación política” la postura de la aspirante de Libre, a quien acusó de utilizar al Ministerio Público como instrumento de presión ante un escenario electoral adverso.
“La conspiración evidente es la de su coordinador de Olancho, que se reúne con narcos a negociar dinero: la mitad para su campaña y la otra mitad para el comandante”, escribió Cálix, en clara alusión al coordinador general de Libre, Manuel Zelaya Rosales.
El legislador también señaló a otros miembros del oficialismo, afirmando que “la conspiración” de Libre incluye a coordinadores departamentales que saquean el Estado para financiar la campaña presidencial de Moncada.
Asimismo, criticó al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, a quien calificó de “mandadero” del poder político, por sus recientes declaraciones en torno al proceso electoral.
“Quiere contar votos y despojar al CNE de sus facultades”, acusó Cálix.
El diputado también arremetió contra el consejero Marlon Ochoa, responsable de entregar los audios al Ministerio Público, a quien señaló de “alterar los biométricos y entorpecer la labor del CNE”.
Además, incluyó en su lista de acusaciones al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, al que culpó de “impedir las sesiones legislativas para instalar la nefasta Comisión Permanente”.
“La conspiración la hacen ustedes que saben que van a perder y están desesperados usando al MP porque saben que el 30 de noviembre se van”, sentenció Cálix, defendiendo la labor de las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, así como la de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona.
Antecedentes: los audios del CNE
El origen de la controversia fue la denuncia presentada por el consejero del CNE, Marlon Ochoa, quien entregó una USB con 24 audios al Ministerio Público, supuestamente vinculando a una consejera electoral, a un diputado y a un militar activo en una presunta conspiración para boicotear el proceso electoral.
Siete días después, el fiscal general Johel Zelaya ofreció una conferencia de prensa en la que divulgó públicamente los audios, en los que supuestamente aparecen las voces de Cossette López, del jefe de bancada nacionalista Tomás Zambrano y de un miembro de las Fuerzas Armadas.
Ochoa aseguró que las grabaciones revelaban un plan de fraude y manipulación electoral, aunque su autenticidad aún no ha sido verificada mediante peritajes técnicos.
La publicación de estos audios desató una tormenta política, con denuncias cruzadas y acusaciones de “lawfare” —uso del sistema judicial con fines políticos—, en medio de un clima de creciente desconfianza hacia las instituciones.
Contexto político
El intercambio entre Cálix y Moncada refleja la fractura institucional que atraviesa el país en plena recta final hacia los comicios.
Mientras Libre insiste en la existencia de una conspiración electoral, sus adversarios denuncian que el gobierno busca politizar la justicia y presionar al CNE para consolidar control sobre el proceso.
La confrontación evidencia que la lucha por la narrativa del fraude ha vuelto a ser el eje del debate político hondureño: una herramienta para deslegitimar o blindar el resultado electoral, según el lado del espectro político que se observe.
