TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La defensora de derechos humanos y de los pueblos indígenas, Miriam Miranda, denunció este miércoles una incursión armada por parte del Estado hondureño, a través de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y guardias de seguridad privados, en el territorio recuperado por el pueblo garífuna en la zona conocida como Campo Mar, en Trujillo, Colón.
“¡Alerta! Denunciamos una incursión armada de parte del Estado a través de guardias de seguridad fuertemente armados al territorio recuperado Centro de Saberes Ancestrales ‘Hachari Wayúnagu’, en Trujillo. Tienen el objetivo de practicar un desalojo. ¡No vamos a permitirlo!”, advirtió Miranda a través de sus redes sociales.
El sitio en disputa, Campo Mar, fue incautado por el Estado al empresario canadiense Randy Jorgenson, acusado de múltiples delitos relacionados con apropiaciones ilegales de tierras y violaciones de derechos humanos contra comunidades garífunas, especificó Miranda.
Agregó que la comunidad ha estado resguardando el lugar desde hace casi un año como parte de un proceso de recuperación territorial legítima. “Este gobierno protege los intereses de los extranjeros, mientras violenta los derechos históricos del pueblo garífuna”, expresó.
La defensora exigió el cese inmediato de la operación, calificándola como una acción violenta e injustificada contra una población que ha sido históricamente desplazada. Además, instó a organismos nacionales e internacionales a intervenir para frenar lo que describió como una clara violación a los derechos colectivos del pueblo garífuna.
Cabe destacar que, de momento, ni la OABI ni las autoridades policiales han brindado una explicación oficial sobre el operativo.
