TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La gestión del actual presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), ingeniero Marcio Sierra, ha sido duramente cuestionada por un ex titular de la institución, quien este sábado se unió públicamente a la solicitud de renuncia hecha por el empresario Eduardo Facussé.
En un pronunciamiento divulgado en redes sociales, José Luis Moncada, ex presidente de la CNBS, expresó que ha sostenido conversaciones con otros exfuncionarios del ente regulador, coincidiendo en que Sierra tenía herramientas legales suficientes para evitar la crisis generada por el colapso de la empresa Koriun Inversiones.
“En mi calidad de ex presidente de la CNBS, comparto la solicitud de @efacusse de que el ingeniero Marcio Sierra debe renunciar de su cargo. Con varios ex presidentes de la CNBS he dialogado y coincidimos que varias leyes le daban facultades para evitar esta situación crítica”, expresó.
El exfuncionario también manifestó su preocupación por el impacto institucional y reputacional que enfrenta la CNBS ante la falta de acciones oportunas.
“La institución está siendo desacreditada y perdiendo credibilidad ante los supervisados y no digamos los usuarios; esto afecta sustantivamente la imagen del país frente a inversionistas, banca corresponsal y otros actores clave”, añadió.
Koriun Inversiones, una empresa financiera no supervisada por la CNBS, es señalada por el Ministerio Público como un esquema de estafa piramidal que dejó a miles de hondureños sin sus ahorros.
En los últimos días, ha causado gran polémica la decisión del gobierno de presentar un proyecto de ley para compensar con fondos públicos a los afectados.
Las críticas desde distintos sectores no solo se centran en la propuesta del Ejecutivo, sino también en la supuesta inacción de la CNBS, a la que se le atribuye responsabilidad por permitir que la empresa operara durante años sin intervención.
El llamado a la renuncia de Sierra se suma al creciente debate nacional sobre la rendición de cuentas, la función reguladora del Estado y los riesgos de generar precedentes que comprometan los recursos públicos ante fraudes privados.
