- Un reglamento aprobado semanas antes de abandonar el cargo permite a excancilleres, exvicecancilleres y expresidentes de poderes del Estado portar pasaporte diplomático de por vida; juristas lo califican como un “abuso de poder” que podría ser derogado.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El excanciller Enrique Reina habría aprovechado sus últimos días al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional para aprobar un reglamento que le permite a él y a otros exfuncionarios portar pasaportes diplomáticos de manera vitalicia, un privilegio que expertos consideran impropio en un sistema democrático.
Se trata de un reglamento de 15 artículos aprobado por Cancillería el 6 de mayo de 2025 y publicado posteriormente el 14 de junio de 2025 en el diario oficial La Gaceta, mediante el cual se regulan las condiciones para la emisión y vigencia de pasaportes diplomáticos y oficiales.
Sin embargo, el punto que ha generado mayor controversia es el que extiende el beneficio del pasaporte diplomático vitalicio a una élite de exfuncionarios, lo que críticos califican como la creación de una “casta privilegiada”.
Privilegio de por vida
Según el reglamento, los pasaportes diplomáticos y oficiales pueden tener una vigencia de uno o cinco años, debiendo solicitarse su renovación seis meses antes del vencimiento si la persona continúa en el cargo.
No obstante, el mismo documento establece una categoría vitalicia para ciertos exfuncionarios.
Entre los beneficiarios se encuentran:
- Expresidentes de los poderes del Estado y sus cónyuges
- Excancilleres
- Exvicecancilleres
- Exsubsecretarios de Estado de Relaciones Exteriores
- Los cónyuges de estas figuras
Todos ellos tendrían el derecho de portar pasaporte diplomático de forma permanente, aun cuando ya no desempeñen funciones públicas.
La polémica se intensifica porque el reglamento fue aprobado 23 días antes de que Reina dejara el cargo, cuando ya se perfilaba como designado presidencial en la fórmula de la candidata oficialista Rixi Moncada, lo que ha sido interpretado por críticos como una decisión tomada en beneficio propio.
“Una ley monárquica”
La abogada Ruth Lafosse cuestionó la legalidad y legitimidad de la medida, señalando que lo aprobado no es una ley formal, sino apenas un reglamento administrativo que podría ser revocado.
“Esto ni siquiera llega a ser una ley secundaria, es un reglamento que perfectamente puede ser derogado por la actual canciller”, señaló.
A su criterio, la decisión representa “una oficialización del abuso de poder”.
“Es como si no tuviéramos una democracia, sino un reinado donde se otorgan títulos nobiliarios para que alguien tenga privilegios hasta que se muera”, criticó.
Lafosse recordó que los pasaportes diplomáticos están destinados exclusivamente para quienes ejercen funciones públicas, ya que estos documentos facilitan la movilidad internacional para cumplir misiones oficiales del Estado.
“Cuando alguien deja el cargo, deja también ese privilegio”, enfatizó.
Posible violación constitucional
La jurista también advirtió que el reglamento podría contradecir el artículo 60 de la Constitución de la República, que establece que todos los hondureños son iguales ante la ley.
“Es una vergüenza, es inaudito, es vergonzoso”, expresó al cuestionar la creación de beneficios especiales para exfuncionarios.
Cancillería pide devolución de pasaportes
En medio de la polémica, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional informó esta semana que los exfuncionarios y exservidores públicos que posean pasaportes diplomáticos u oficiales deben devolverlos.
La institución solicitó que los documentos sean entregados a la Unidad de Pasaportes a más tardar el 31 de marzo de 2026.
No obstante, la Cancillería aclaró que la medida no aplica para quienes posean pasaportes diplomáticos vitalicios, conforme a lo establecido en el reglamento aprobado durante la gestión de Reina.
El tema ha abierto un nuevo debate sobre el uso de privilegios diplomáticos y los límites del poder administrativo, mientras sectores jurídicos y políticos presionan para que la normativa sea revisada o derogada por la actual canciller Mireya Agüero.
