TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En una reveladora entrevista con el programa Interpretando La Noticia y el periódico Digital ConfidencialHN, la viceministra de seguridad, Julissa Villanueva, ha denunciado graves irregularidades en la aplicación del decreto de estado de excepción, así como una sistemática marginación de sus funciones dentro de ese ministerio.
Sus declaraciones pintan un panorama preocupante sobre la forma en que se están manejando las operaciones policiales y la transparencia en la lucha contra la delincuencia.
Según la funcionaria, las estadísticas relativas al estado de excepción se están utilizando de manera forzada para «llenar espacios».
Denuncia que a las unidades policiales se les exige un número específico de allanamientos, cifrado en «50 allanamientos a un combinado unidad» que deben cumplir durante el mes que dura el estado de excepción.
Lo más alarmante, señala, es que estas órdenes se ejecutan incluso sin la asignación de personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) o de otras unidades especializadas, recayendo la responsabilidad únicamente en policías preventivos. «En realidad, esto es un grave problema», afirmó.
Villanueva también criticó la manipulación de datos en la clasificación de delitos, exponiendo una práctica donde «a las personas que están con una punta de cocaína las colocan como grandes traficantes», a pesar de que esto es un delito menor. La presión por cumplir con estas cuotas es tal, que aquellos agentes que no lo logran son sometidos a auditorías, sanciones e incluso la baja, por «no haber cumplido con lo que se les ha señalado».
«¿Cómo va a creer usted que usted va a pedir?», cuestionó la funcionaria. Si bien acepta la exigencia de patrullajes, donde «si a mí me exigen 100 patrullajes, en la Kennedy con la data que hay, sí, porque en la Kennedy se ha levantado tal y tal cosa», no concibe la imposición de allanamientos masivos sin justificación. «¿Cómo van a pedir allanamientos? Allanemos la Kennedy, pues, tenemos que hacer 150 allanamientos y meternos a las casas de las personas, aunque no hayan cometido delitos. Se les olvida que esto está relacionado con la investigación y con la inteligencia», sentenció.
La viceministra lamentó que esta crítica abierta le ha costado ser excluida de reuniones clave. «Ahí es donde va mi crítica. Y eso es lo que no les gusta que yo me dé cuenta. Por eso es que no quieren que yo vaya a las reuniones, que yo me siente a escuchar en las reuniones administrativas que todos presentan sus quejas. Aguilar Godoy ya no me invita, ya no quiere que vaya. Ya nadie quiere que vaya, ya no llegan las correspondencias para que yo me entere qué es lo que está sucediendo como viceministra de Asuntos Policiales.»
Al ser consultada sobre si se siente completamente marginada de la Secretaría de Seguridad, la viceministra respondió afirmativamente: «Completamente marginada, o sea, ya prácticamente no me involucran en absolutamente nada dentro de la Secretaría de Seguridad.»
Finalmente, la viceministra afirmó estar documentando cada incidente de obstrucción a su trabajo, con la intención de llevar estas pruebas a la fiscalía. «Yo creo que la obstrucción a mi trabajo en algún momento se va a documentar en el ente donde se debe de documentar, que es la fiscalía, para que se pueda hacer un documento. Para que, si a algún hondureño le queda alguna duda alguna vez, porque esta viceministra se vio de manos atadas, porque descaradamente la misma policía adentro generó el boicot.»
Estas declaraciones plantean serias interrogantes sobre la efectividad y la legalidad de las operaciones bajo el estado de excepción, así como sobre la transparencia y el funcionamiento interno de la Secretaría de Seguridad.
Interpretando La Noticia y ConfidencialHN continuarán investigando este delicado asunto.
