TEGUCIGALPA, HONDURAS.
A medida que se aproxima un nuevo proceso electoral en Honduras, las justificaciones comienzan a multiplicarse.
El excanciller y actual candidato a designado presidencial por el partido Libertad y Refundación (Libre), Enrique Reina, ha salido al paso de las críticas por el incumplimiento de varias promesas clave de campaña.
Lejos de presentar resultados concretos, Reina optó por una defensa que ha sido ampliamente cuestionada: “hay que ver las cosas en su realidad”, dijo, como argumento para lo que muchos catalogan ya como una gestión fallida en varios frentes.
Uno de los compromisos más emblemáticos del gobierno de Xiomara Castro fue la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
Una promesa que no solo generó esperanza en amplios sectores sociales, sino que se vendió como la piedra angular en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, a más de dos años del inicio del mandato, la CICIH sigue sin llegar.
Reina, quien junto a Rixi Moncada integró la comisión encargada de las negociaciones con Naciones Unidas, trató de deslindarse del fracaso: “Es un proceso de negociación, no solo depende de la voluntad de Honduras”.
Pero sus palabras resultan insuficientes frente a la realidad de una ciudadanía que esperaba hechos, no explicaciones burocráticas. La falta de avances concretos es vista por muchos como un reflejo de falta de voluntad política real, más que de obstáculos internacionales.
El mismo patrón se repite en otros compromisos. La eliminación del pago de peaje, otra de las promesas estrella de Libre, quedó en el olvido. Reina intentó justificarlo señalando posibles demandas contra el Estado como consecuencia de la cancelación de contratos.
“El impacto iba a ser más negativo de lo que realmente tenemos”, sostuvo. Sin embargo, esta lógica plantea una pregunta inevitable: ¿se prometió sin estudiar las consecuencias legales? ¿Se apeló a la emoción del votante sin una hoja de ruta viable?
El tercer ejemplo no es menos significativo. La tan anunciada habilitación de un hospital en el Centro Cívico Gubernamental terminó siendo otra promesa sin cumplir. Reina culpó a los contratos heredados y a los altos costos de adecuación: “La inversión que se tenía que realizar para transformar esos edificios en hospital es enorme”.
Pero en ningún momento asumió responsabilidad directa por haber ofrecido una solución que aparentemente nunca fue factible.
Las declaraciones del excanciller revelan una narrativa cada vez más frecuente en el oficialismo: las promesas se relativizan, las dificultades se sobredimensionan, y la responsabilidad se difumina entre tecnicismos y culpas heredadas.
Es un libreto conocido, pero ya poco convincente ante una ciudadanía que demanda respuestas concretas y transparencia.
Reina, ahora en campaña para continuar en el poder desde otra posición, parece estar apostando a la resignación ciudadana.
Pero la desilusión que crece en las calles podría convertirse en una amenaza seria para un proyecto político que prometió refundación y hasta ahora ofrece más excusas que transformación.
