• Aldo Santos señala que las advertencias de Naciones Unidas podrían respaldar recursos de amparo e inconstitucionalidad en Honduras y abrir un nuevo frente de cuestionamientos internacionales.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Las observaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las recientes reformas penales en Honduras podrían trascender el ámbito de los pronunciamientos y convertirse en argumentos para una ofensiva jurídica contra estas disposiciones, advirtió el exfiscal del Ministerio Público (MP), Aldo Santos.
El exfuncionario consideró que el comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) dará pie para que distintos sectores promuevan recursos de amparo e inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con la posibilidad de llevar posteriormente sus reclamos a instancias internacionales.
A criterio de Santos, las observaciones del organismo internacional no deben tomarse a la ligera, ya que podrían servir de sustento para futuras acciones legales relacionadas con la compatibilidad de las reformas con las garantías fundamentales.
El exfiscal reconoció que Honduras, como Estado soberano, tiene facultades para adoptar decisiones en materia de seguridad y combate a la criminalidad; sin embargo, recordó que también está obligado a respetar los compromisos adquiridos mediante tratados internacionales, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José.
Una advertencia sobre posibles condenas internacionales
Santos instó a las autoridades a revisar minuciosamente las reformas penales, a fin de evitar que su aplicación derive en vulneraciones a los derechos humanos y coloque nuevamente al país frente a condenas de organismos internacionales.
Como antecedente, recordó los casos en los que Honduras fue responsabilizada por violaciones a derechos humanos en centros penitenciarios, particularmente por tragedias como la muerte de más de 150 personas en un incendio ocurrido en una cárcel, hechos que dieron lugar a actuaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El profesional del derecho subrayó que combatir la criminalidad debe ser una prioridad del Estado, pero sostuvo que esa responsabilidad no exime a las autoridades de cumplir las obligaciones internacionales ni de garantizar el respeto a los derechos fundamentales.
El señalamiento de Santos pone el foco en las posibles consecuencias legales de las reformas penales y en la responsabilidad que asumiría el Estado si su aplicación contraviene las garantías constitucionales y los compromisos internacionales de Honduras.
El desafío para las autoridades, según el exfiscal, será demostrar que el combate a la criminalidad puede fortalecerse sin pasar por encima de los derechos fundamentales.
