FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS.
La titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, exhortó este domingo a las autoridades hondureñas a investigar y esclarecer la desaparición, amenazas y muertes violentas de niñas y mujeres.
Puntualizó que se deben “diseñar y definir políticas públicas conducentes para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, con énfasis en muertes violentas o feminicidios, así como contra la violencia doméstica e intrafamiliar”.
Señaló que el feminicidio, agregó, constituye una “flagrante violación a los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres por tratarse de la eliminación de la vida”.
Pidió a las autoridades de seguridad “tomar las medidas preventivas y de investigación para que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables de cometer este tipo de hechos violentos contra las mujeres”.
Subrayó que hacerle frente a la violencia contra las mujeres es “un desafío” para el Estado hondureño, que tiene el deber de garantizar el respeto a la dignidad humana de todas las personas.
Aunque no hay datos oficiales, la desaparición de niñas y mujeres es “un problema grave” en el país, donde ellas representan más del 51 por ciento de los 9,7 millones de habitantes, indicó Izaguirre.
Dijo estar en “su plena disposición en realizar aportes sustanciales y acompañamientos oportunos en protección, promoción y defensa de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres en el país”.
También el Congreso Nacional (CN), debe retomar el debate de la Ley de Casas Refugio, presentada en 2018, para mujeres víctimas de la violencia machista en el país, que ya deja más de un centenar de muertas en lo que va de año, refirió.
Entre 2002 y lo que va de 2023, el Conadeh registra la muerte violenta de siete mil 600 mujeres, de las cuales el 95 por ciento de los casos siguen impunes.
De acuerdo a las estadísticas de Conadeh, entre 2018 y el 20 de abril de 2023 alrededor de 15 mil 948 mujeres presentaron denuncias ante el organismo de derechos humanos, por consideran que estaba en riesgo su integridad y vida, por la violación de acceso a la justicia.
