FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS.
El Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) exhortó al Estado hondureño a eliminar las barreras que obstaculizan la inclusión de más de un millón de personas con discapacidad en el país.
Señaló que las personas con discapacidad deben ejercer con autonomía y libertad los derechos básicos como la libre circulación, educación, salud, información, comunicación y empleo.
Al respecto, la titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, resaltó la deuda que tiene el Estado de Honduras con uno de los sectores más invisibilizados y excluidos de la población.
Remarcó el cumplimiento efectivo de la normativa nacional e internacional y se aplique el principio de igualdad y no discriminación hacia las personas con discapacidad.
Asimismo, detalló que las deficiencias en la infraestructura pública, las dificultades para acceder a un puesto de trabajo, el maltrato en el servicio del transporte público, la poca accesibilidad a la información y la comunicación, son parte de las barreras que enfrentan a diario más de un millón de hondureños que presentan algún tipo de discapacidad física, sensorial, intelectual y psicosocial.
Subrayó que el maltrato, así como la discriminación que sufren desde su niñez, con oportunidades educativas restringidas, carencia de servicios de salud integral, falta de oportunidades laborales, inmovilidad y encierro “obligatorio”, vulnera los derechos humanos de esta población que representa, al menos, un 14 por ciento de los 9.6 millones de hondureños.
Refirió que, si en Honduras promulgó la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad, que obliga a las entidades públicas, empresas y otras instancias privadas a contratar un mínimo de personas con discapacidad, de acuerdo a una tabla relacionada con el número de empleados, ésta no se cumple.
Además otras dificultades que enfrentan, es la infraestructura física de las ciudades, a la que se suman las barreras arquitectónicas en inmuebles públicos y privados, lo que se constituye en un serio obstáculo para que las personas con discapacidad puedan disfrutar a plenitud de sus derechos.
En lo que respecta a los servicios de salud, el 70 por ciento no cumple con los estándares de accesibilidad, por su infraestructura, ya que no cuentan con rampas, baños adecuados y espacios amplios para su movilización; asimismo, la atención médica especializada es casi nula, al igual que se presentan dificultades para proveerles de medicamentos.
La Coordinadora de la Defensoría de las Personas con Discapacidad del Conadeh, Betina Hernández, reveló que entre enero y noviembre del presente año, al menos 127 personas denunciaron ser víctimas de atropellos a su dignidad por particulares y de violaciones a los derechos humanos por autoridades estatales.
Las denuncias van desde amenazas a muerte, despidos colectivos en instituciones gubernamentales, abusos de autoridad, malos tratos, lesiones, allanamientos de morada, cobro indebido de servicios públicos, violencia intrafamiliar, negligencia médica, negación de descuentos especiales, hostigamiento físico, psicológico y sexual en su centro laboral, por personas particulares o entidades.
