TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Una delegación internacional de movimientos sociales y defensores de derechos humanos exigió este viernes a la Fiscalía de Honduras cesar la violencia y criminalización contra el pueblo garífuna, cumplir sentencias de la Corte Interamericana y garantizar la restitución de tierras ancestrales, en el Caribe del país.
La delegación, entre los que figuraron representantes de comunidades garífunas, aglutinados en la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), se reunió con el fiscal general del Estado, Johel Zelaya, a quien le solicitaron que interceda para que cesen las injusticias y violaciones a los derechos humanos en varias comunidades negras.
Cumplimiento de una sentencia internacional
Luego de un plantón frente a la Fiscalía, coreando consignas como «No a la discriminación del pueblo garífuna», «Libertad para los cinco líderes garífunas enjuiciados en Trujillo, Colón», «De sus casas los sacaron, en sus casas los queremos» y «Alto a la persecución judicial contra el pueblo garífuna», entre otras, la delegación indicó en un comunicado que el Estado de Honduras «debe respetar y garantizar los derechos ancestrales del pueblo garífuna».
También, expresó su respaldo a la Ofraneh, cuya directora es Miriam Miranda, una líder garífuna que ha venido denunciando amenazas que ha recibido en lo que va del presente año.
«Exigimos, en primer lugar, el cumplimiento inmediato de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y San Juan, incluida la restitución y titulación colectiva de los territorios ancestrales y garantías de no repetición», subraya una de las exigencias hechas a la Fiscalía, leída por Shariana Ferrer, de la organización Colectiva Feminista en Construcción, de Puerto Rico.
Juicio contra canadiense por tráfico de bienes culturales
También demandaron el «cese de la violencia y la criminalización contra el pueblo garífuna y la Ofraneh; investigación y judicialización de todas las amenazas, ataques y desapariciones, con sanción a los responsables en toda la cadena de mando. Verdad y justicia por la desaparición forzada de los cuatro jóvenes del Triunfo de la Cruz en 2020, con búsqueda efectiva, avances verificables y atención integral a sus familias y comunidad».
Otra petición fue que se investigue y requiera ante la justicia a Randy Roy Jorgensen, «por estafa agravada y lavado de activos contra sus connacionales canadienses, tráfico de bienes culturales de más de 3.500 piezas arqueológicas y la reciente incursión armada perpetrada por guardias de seguridad, quienes se identificaron como enviados por la OABI (Oficina Administrativa de Bienes Incautados) en contra de la comunidad garífuna, en el Centro de Saberes Ancestrales Hachari Wayúnagu».
Además, exigieron la «suspensión inmediata de proyectos turísticos, inmobiliarios y agroindustriales impuestos sin consulta previa, especialmente en Vallecito, Trujillo, Tela y Nueva Armenia» y la «protección integral con enfoque colectivo étnico y de género para liderazgos comunitarios y defensoras y defensores garífunas, y fin al uso indebido del Derecho Penal para inhibir la defensa de derechos».
Francis López, una líder garifuna en el Triunfo de la Cruz, departamento caribeño de Atlántida, dijo a EFE que una de las exigencias al Gobierno es que cumpla con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de hace quince años, que ordena restituir las tierras tradicionales y los derechos de la comunidad garífuna, con raíces afrodescendientes, de Punta Piedra, Atlántida.
Aunque el Gobierno inició en octubre de 2024 con el cumplimiento de la sentencia internacional, no ha llegado a todos los habitantes afectados, de los que muchos han resuelto regresar a las tierras que por derecho les pertenecen, subrayó López.
La delegación internacional en solidaridad con el pueblo garífuna de Honduras la integran el Movimiento Nacional Cimarrón, de Colombia; Consejo de Pueblos Wuxhtaj, de Guatemala; Colectiva Feminista en Construcción, de Puerto Rico; Entrepueblos, de España; Calan Institute for Transterritorial Justice, de Estados Unidos, y Front Line Defenders, de Irlanda.
Con información de EFE
