Cardona enfrentará el proceso en libertad bajo medidas cautelares; el caso también salpica al diputado nacionalista Nelson Márquez y a una amplia red de exfuncionarios y jueces acusados de saquear al país durante más de dos décadas.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La exprocuradora General de la República, Lidia Estela Cardona, se presentó voluntariamente ayer viernes ante los tribunales de Tegucigalpa para enfrentar el proceso judicial en su contra por presunto fraude millonario contra el Estado de Honduras.
Su comparecencia se da en el marco de un expediente que también involucra al diputado del Partido Nacional, Nelson Márquez, así como a exfuncionarios, jueces y abogados señalados por actos de corrupción y manejo irregular de recursos públicos.
Enfrentará el proceso en libertad
Tras la audiencia de declaración de imputado, el juez encargado impuso a Cardona medidas distintas a la prisión preventiva, entre ellas presentaciones periódicas y posibles restricciones de movilidad.
Las mismas condiciones fueron dictadas contra Héctor Isaac Alvarado Mejía, acusado de usar documentos privados falsos.
La audiencia inicial quedó programada para el 26 de agosto a las 9:00 a.m., donde se debatirán las primeras pruebas del Ministerio Público (MP) y de la defensa de los señalados.
Una red de corrupción que se remonta al huracán Mitch
El caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), que acusa a los imputados de integrar una red que operó durante más de 20 años para desfalcar al Estado hondureño, aprovechándose de procesos judiciales irregulares y arbitrajes fraudulentos.
Según la Fiscalía, todo comenzó en el año 2000, tras la emergencia del huracán Mitch, cuando el Estado adjudicó un contrato a la empresa extranjera DRC Inc., la cual subcontrató de forma irregular a la compañía hondureña NAINSA.
Con demandas basadas en laudos arbitrales sin validez, se simuló una deuda millonaria que dio pie a procesos judiciales amañados y convenios extrajudiciales en beneficio de los acusados.
Los implicados
Entre los principales señalados, además de Cardona y Márquez, figuran:
• Martha Doblado, excoordinadora del Gobierno.
• Eva Vásquez, exdirectora legal de SEDECOAS.
• Juan Fernando Madrid, apoderado legal de NAINSA.
• Murray Paul Farmer, representante legal de DRC Inc.
• Caronte Rojas Zavala, abogado y árbitro del Colegio de Abogados.
• Los jueces Irissabel Lucía Miranda Hernández y Raymundo Esaú Gradiz Vilorio, por prevaricato judicial.
• El receptor judicial Rafael Eduardo Chávez Aguilar, por falsificación de documentos.
El fraude en cifras y operaciones
La investigación señala que los acusados no solo favorecieron ilegalmente a las empresas, sino que se beneficiaron personalmente de los fondos desviados, destinando parte del dinero a cuentas personales, pagos de hipotecas y transferencias a familiares.
Con esta causa, UFERCO busca probar cómo durante más de dos décadas se utilizó el aparato judicial y arbitral para legalizar un saqueo al Estado, en un esquema que involucra a políticos, jueces y funcionarios de alto nivel.
