El exfuncionario advirtió que las pruebas presentadas son “débiles” y alertó sobre el riesgo de que Honduras derive en un “Estado policial” que limite la libertad de expresión.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El exvicecanciller en asuntos migratorios y consulares de Honduras, Antonio García, reaccionó a la reciente denuncia del fiscal general, Johel Zelaya, sobre un presunto plan para atentar contra el expresidente de la República, Manuel Zelaya Rosales.
Según García, aunque cualquier indicio de amenaza contra un exjefe de Estado debe investigarse a fondo, las pruebas divulgadas por las autoridades resultan insuficientes para sostener una acusación seria contra los tres hondureños que permanecen detenidos.
“No hay evidencia de un plan”
En un pronunciamiento público, el exvicecanciller enumeró varios aspectos que, a su criterio, muestran la fragilidad del caso:
1. Los acusados son adultos mayores y no tienen un perfil criminal.
2. La investigación se sostiene únicamente en audios y un chat grupal.
3. No existe un arsenal, equipo o logística que evidencie preparación de un atentado.
4. No se han identificado detalles sobre el lugar o circunstancias del supuesto ataque.
5. No se ha establecido una motivación clara, más allá de expresiones de frustración.
“Me recuerda conversaciones similares que se daban durante el gobierno de JOH”, comparó García, aludiendo a un patrón de acusaciones que, en su opinión, podrían ser utilizadas para generar intimidación política y social.
Riesgo de un Estado policial
El exfuncionario también manifestó su preocupación por el efecto que casos de este tipo puedan tener sobre las libertades en Honduras.
“Preocupa que se genere un clima de intimidación y que se limite la libertad de expresión, tanto en chats como en espacios públicos, por temor a represalias. ¿Existe un riesgo de convertirnos en un Estado policial?”, cuestionó.
Contexto del caso
El fiscal general Johel Zelaya reveló días atrás la detención de tres ciudadanos acusados de planear un atentado contra el expresidente Manuel Zelaya, esposo de la actual presidenta Xiomara Castro.
La denuncia generó debate público, tanto por la seriedad del señalamiento como por la solidez de las pruebas presentadas.
Con las declaraciones de García, se reaviva el cuestionamiento sobre la transparencia y el manejo judicial de casos en los que se mezcla la seguridad de figuras políticas con la garantía de derechos ciudadanos.
