FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS.
De acuerdo con declaraciones de la exvocera de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), Ana María Calderón, el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sobre el decreto de amnistía y la denuncia del tratado de extradición con Estados Unidos son pasos en retroceso de la lucha contra la corrupción en el país.
Expresó que, esta resolución no sólo representa un grave retroceso en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, sino que también pone en jaque la seguridad jurídica del país, generando un clima de desconfianza que ahuyenta la inversión extranjera.
Enfatizó “decisiones como el fallo de la Ley de Amnistía y la denuncia del tratado de extradición con Estados Unidos son retrocesos evidentes en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción”.
Refirió que, es preocupante que se están favoreciendo a funcionarios que estuvieron en un determinado periodo con la amnistía política, porque se convierte en un acto de impunidad.
Subrayó que, “lo que a mí me preocupa de esta amnistía que es general amplia e incondicional va a favorecer a personas como funcionarios empleados o autoridades que se desempeñaban en un periodo determinado aquí la norma dice del 27 de enero del 2006 al 28 de junio del 2009, (…), entonces se debe de ver con cierta precaución este tipo de amnistías porque los funcionarios tienen el deber de rendir cuentas y si por una ley se obliga a la autoridad competente a archivar o cancelar las investigaciones administrativas definitivamente no es una amnistía con carácter humanitario sino una pincelada de impunidad”.
A la vez, indicó que, la percepción de Honduras en los índices de corrupción continúa empeorando, y eso tiene un impacto directo en las inversiones.
Destacó que, “muchos tratados de libre comercio se basan en la seguridad jurídica, pero si un país está impregnado de corrupción, impunidad y crimen organizado, las empresas no tendrán confianza para invertir”.
Asimismo, recalcó la importancia de la estabilidad jurídica para el desarrollo económico y la integración internacional, señalando que organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) buscan garantizar que sus miembros tengan una gestión pública eficiente y transparente.
“El hecho de que la CSJ cambie de opinión en sus fallos refleja la falta de seguridad jurídica en Honduras. Y eso, en última instancia, aislará aún más al país”, puntualizó.
Concluyó que, el panorama económico de Honduras, marcado por la incertidumbre y la desconfianza en sus instituciones judiciales, parece estar en una espiral descendente que afectará tanto a las inversiones nacionales como internacionales.
