- El expresidente de la CCIC arremete contra el gobierno tras el escándalo en SEDESOL y cuestiona la inoperancia de las instituciones de control.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS.
El expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, lanzó fuertes declaraciones contra el gobierno del Partido Libertad y Refundación (Libre), señalando que la corrupción “está arraigada hasta el tuétano del oficialismo”, en referencia al escándalo que envuelve a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
Las afirmaciones surgen luego de la difusión de un video que vincula a funcionarios de esa secretaría en presuntos actos de corrupción, lo que derivó en la destitución del ministro José Carlos Cardona y ha salpicado a figuras cercanas al oficialismo, como la vicepresidenta del Congreso Nacional, Isis Cuellar.
“El video de SEDESOL evidencia la corrupción del oficialismo, y arraigada hasta el tuétano del Partido Libre”, dijo Facussé, quien ha sido un crítico recurrente de la gestión actual.
Señalamientos a instituciones de control
Facussé no solo apuntó contra el Ejecutivo, sino también contra los entes llamados a investigar y sancionar la corrupción en el país.
“El Ministerio de Transparencia, el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público son inoperantes y solo reaccionan —o fingen hacerlo— ante el escándalo público”, recriminó.
El empresario también cuestionó la narrativa moralista que el partido de gobierno ha promovido desde su llegada al poder, afirmando: “Nunca fue dignidad, siempre fue envidia”, en alusión al contraste entre los discursos anticorrupción del presente y los señalamientos hechos a administraciones pasadas.
Un golpe a la credibilidad del gobierno
El escándalo de SEDESOL ha puesto en entredicho el compromiso del gobierno de Xiomara Castro con la transparencia y la lucha contra la corrupción.
A pesar de los esfuerzos por mostrar una imagen de rectitud, la falta de acción oportuna y efectiva ante estas denuncias ha dejado a la ciudadanía con más dudas que certezas.
Mientras tanto, la presión pública y mediática continúa creciendo, y las autoridades parecen más preocupadas por contener el daño político que por esclarecer los hechos o rendir cuentas.
