TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El analista Luis León anticipó que, si la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decide derogar el decreto de Amnistía Política, ya sea por mayoría o unanimidad, quedarán expuestos los intereses políticos de los magistrados.
A criterio de León, esta resolución revelará “por qué lado se juega” en relación con aquellos jueces que han afirmado mantener independencia política.
“Dejaría al descubierto los intereses políticos y por qué lado se juega por parte de cada uno de los magistrados que hasta este momento han hablado de independencia política”, precisó.
León aseveró que, en caso de que el decreto sea declarado inconstitucional, corresponderá al Congreso Nacional derogar la amnistía.
“Si es inconstitucional, el Congreso Nacional deberá derogar esta amnistía, y esperemos que el resultado sea ese”, señaló.
El analista fue enfático al rechazar la idea de otorgar amnistía a personas que han abusado del poder en beneficio propio.
A su juicio, “no se puede estar amnistiado a personas que se han enriquecido, que han jugado con los destinos y los dineros del pueblo bajo argumentos políticos”.
En caso de que la derogación no se concrete, León sugirió que se debe reformar el decreto, diferenciando entre los actos de persecución política y los de corrupción.
“Debería hacerse una reforma donde se cataloguen cuáles son hechos de persecución política y cuáles son hechos de corrupción que no pueden entrar bajo esa figura”, afirmó.
León expresó su confianza en que la CSJ actuará de acuerdo con las demandas de la ciudadanía, que se opone a la protección de corruptos mediante amnistías.
“Esperemos que la Corte tome la posición correcta, de frente a la necesidad y la demanda del pueblo hondureño que ha sido ‘no a amnistías a corruptos’”, manifestó.
Asimismo, el analista reconoció que existe un descontento generalizado con la amnistía, aunque aclaró que la crítica no es contra la protección de perseguidos políticos legítimos, sino contra su uso indebido para favorecer a personas acusadas de corrupción.
La Corte Suprema de Justicia tiene previsto reunirse este martes, 8 de octubre, para analizar la controversia del decreto de amnistía, una medida que beneficiaría principalmente a los exfuncionarios de la administración de Manuel Zelaya (2006-2009).
Las decisiones que se tomen durante esta sesión podrían tener repercusiones importantes en el panorama político del país y en la manera en que se aplica la ley respecto a los exfuncionarios de esa administración. Todos los ojos estarán puestos en las deliberaciones del pleno.
