• Comisión Liquidadora revela un esquema sistemático de cobros irregulares en el gobierno anterior; advierten despidos sin prestaciones para quienes no se presenten a citatoria
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Lo que comenzó como una revisión administrativa terminó destapando un escándalo que pone en entredicho el manejo de recursos públicos en el gobierno anterior.
La Comisión Liquidadora encontró casos de empleados estatales que, pese a residir desde hace meses en países como México, España y Estados Unidos, continuaban recibiendo sus salarios de manera regular.
El hallazgo, calificado como un patrón sistemático y no como hechos aislados, evidencia que varias personas permanecieron en planilla sin cumplir funciones, algunas incluso respaldadas por incapacidades médicas presuntamente falsificadas para justificar su ausencia laboral.
El abogado y miembro de la comisión, Leonel Núñez, no ocultó su sorpresa ante la magnitud del caso. “Han tenido la osadía de llamar a preguntar cuándo se les pagarán sus prestaciones”, expresó, al referirse a algunos de los implicados.
Ante esta situación, la Comisión Liquidadora ha iniciado un proceso formal de citación para este lunes y martes, convocando a los empleados señalados a presentarse en las instituciones correspondientes para recibir notificación oficial.
La advertencia es contundente: quienes no atiendan el llamado serán despedidos sin derecho a prestaciones laborales.
“Estas personas, si no llegan a la citatoria, serán despedidas sin derecho a prestaciones”, reiteró Núñez, subrayando que la medida aplica tanto para quienes se encuentran fuera del país como para aquellos que han abandonado sus funciones sin justificación válida.
El funcionario también dejó claro que el objetivo del proceso no es vulnerar derechos laborales, sino depurar la administración pública y frenar el drenaje de fondos estatales.
En ese sentido, aseguró que quienes cumplan con los requisitos legales y acrediten su situación recibirán las prestaciones correspondientes.
“Todos los empleados recibirán sus prestaciones, siempre y cuando cumplan con la documentación”, puntualizó.
Este caso abre nuevamente el debate sobre los mecanismos de control en la administración pública y la necesidad de fortalecer los sistemas de supervisión para evitar que prácticas irregulares continúen afectando las finanzas del Estado hondureño.
