En América Latina y El Caribe existen 26.5 millones de mujeres indígenas, pero se estima que en la mayoría de los países apenas un 8 por ciento de féminas accede a títulos de tierras, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Estas cifras fueron analizadas en el evento ‘Recomendación general 39 de la CEDAW: Retos para su implementación en América Latina’, donde, además, se puso en relieve la preocupación y la necesidad de reconocer este derecho a todas las mujeres indígenas en el Perú y América Latina.
En dicha actividad virtual, organizada por la Plataforma Regional Mujer Rural y Derecho a la Tierra con el apoyo de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra – ILC, se exhortó a los Estados de cada país a aplicar medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en relación con los derechos de las mujeres y niñas indígenas bajo algunos principios que establece la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).
En el webinar se resaltó que por lo menos en Colombia, Nicaragua, Perú, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay las mujeres dedicadas a la agricultura familiar superan los 7.8 millones, es decir, el 40 por ciento del total de su población.
Es importante precisar que el 7 por ciento de las mujeres indígenas vive con menos de 1.90 dólares diarios y dependen en mayor medida del empleo informal, que constituye una situación de pobreza extrema.
Amparo Cerrato, representante de la FAO, indicó que las cifras sobre la tenencia de tierras en manos de mujeres en América Latina revelan que no hay un acceso equitativo entre féminas y hombres.
Además, señaló que las mujeres rurales presentan tendencias a la pobreza, hambre, violencia entre otros aspectos negativos que enfrentan en su vida diaria. “Mujeres con derechos sólidos a la propiedad y tenencia a la tierra, ganan hasta 3.8 veces más ingresos y sus ahorros individuales son hasta un 35 por ciento superiores”, destacó.
Por su parte, Catalina Ivanovic, consultora de Género de la FAO, explicó que se necesitan políticas públicas que ayuden a entender cómo “estos sujetos femeninos y masculinos se ven afectados de manera diferenciada por este conjunto sistémico de desigualdad”.
A su turno, Melania Canales Poma, coordinadora de ECMIA Región Sur, y expresidenta de Onamiap Perú, explicó que, si bien existe la ley de consulta previa, el Estado no la acata cabalmente. “Nosotras venimos exigiendo también esos derechos al igual que la falta de titulación. Muchas veces se titula la tierra, pero no el territorio (…) Algunos países como el caso del Perú tienen las leyes de consulta, pero es meramente administrativo. Al final el Estado es el que decide despojar los territorios para las actividades extractivas”, destacó.
El webinar contó con la participación de la designada presidencial de Honduras, Doris Gutiérrez, quien explicó que en su país las condiciones no favorecen a las mujeres, el contexto es de inseguridad hacia las mujeres y hombres indígenas que defienden la tierra.
“Tenemos un Código Penal de la impunidad que criminaliza la lucha por la tierra. En este momento hay una serie de asentamientos campesinos que están siendo denunciados por los terratenientes que reclaman la propiedad de las tierras”, puntualizó la designada presidencial hondureña.
