Oficio militar exige al órgano electoral canalizar sus peticiones a la presidenta, en una señal de subordinación institucional preocupante de cara a las elecciones
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En un oficio fechado el 15 de julio, las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.) respondieron a una solicitud del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre medidas de seguridad en sus instalaciones, condicionando cualquier apoyo a que la petición sea dirigida directamente a la presidenta Xiomara Castro, en su calidad de Comandante General de las Fuerzas Armadas.
El documento fue remitido por el coronel Alexis Fuentes Borjas, en nombre del Estado Mayor Conjunto, y responde específicamente a la consejera presidenta del CNE, Cossette López, en relación a una solicitud previa enviada al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández Aguilar.
El mensaje es claro: las Fuerzas Armadas no atenderán solicitudes del ente electoral mientras no se sigan los “canales institucionales adecuados”, es decir, mientras no pasen por Casa Presidencial.
¿Procedimiento legal o presión política?
Aunque la Constitución establece que el presidente de la República es Comandante General de las Fuerzas Armadas, el requerimiento explícito de que el CNE —un ente autónomo— canalice directamente sus solicitudes a la presidenta abre cuestionamientos sobre la autonomía institucional y la posible politización de la seguridad electoral.
El tono del oficio deja entrever una posición rígida por parte del alto mando militar, que contrasta con la tradición democrática de colaboración interinstitucional, especialmente en contextos electorales, donde la seguridad debe ser garantizada sin interferencia política.
Esta situación adquiere mayor gravedad considerando el papel que las Fuerzas Armadas han jugado históricamente en los procesos electorales en Honduras, donde su participación ha sido fuente tanto de garantías como de sospechas.
¿Un nuevo cerco al CNE?
La respuesta militar se da en un contexto de creciente tensión política de cara a los comicios primarios de 2025, y en medio de críticas al oficialismo por intentar consolidar control sobre los organismos electorales.
El mensaje a la presidenta del CNE no solo plantea un obstáculo burocrático, sino que podría interpretarse como una advertencia velada: el acceso a la seguridad dependerá de la voluntad del Poder Ejecutivo.
Este tipo de acciones refuerzan los temores de que el proceso electoral pueda estar condicionado por la centralización del poder, y dejan al descubierto la fragilidad institucional de órganos clave en la democracia hondureña.
