• El militar será puesto a disposición de las autoridades luego de los incidentes registrados en el Centro Logístico Electoral; la institución admite uso indebido de la fuerza
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) informaron este martes la destitución de un oficial superior, a raíz de los desalojos ocurridos durante la madrugada del 16 de diciembre contra colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre), que se mantenían en un plantón frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), en Tegucigalpa.
De acuerdo con el pronunciamiento oficial, los hechos se registraron en las inmediaciones del Centro Logístico Electoral, donde se produjeron disturbios y un desalojo que derivó en la intervención de la Policía Nacional, generando fuertes cuestionamientos por el uso de la fuerza contra manifestantes que calificaban su protesta como pacífica.
Tras los incidentes, la presidenta de la República, Xiomara Castro, condenó públicamente lo ocurrido, calificándolo como un acto de “represión” contra colectivos afines a su partido, y ordenó separar de sus cargos a los responsables del operativo.
Horas más tarde, las Fuerzas Armadas confirmaron que se identificó al oficial responsable de ordenar y ejecutar el desalojo sin contar con la debida autorización del escalón superior, por lo que fue relevado de su cargo y será puesto a disposición de las autoridades competentes para que se le deduzcan las responsabilidades conforme a la ley.
En su comunicado oficial, las FFAA lamentaron “profundamente los hechos penosos” ocurridos en la madrugada, reconociendo que se hizo un uso indebido de la fuerza contra el plantón pacífico encabezado por el alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, frente al acceso del bulevar Fuerzas Armadas.
Asimismo, la institución castrense aseguró que durante el actual gobierno no ha recibido órdenes para ejecutar desalojos u operaciones que atenten contra el derecho constitucional de la población a manifestarse pacíficamente.
“Las Fuerzas Armadas reafirman su compromiso con el estricto respeto a los derechos humanos y el marco legal del país”, concluye el comunicado, en un contexto marcado por alta tensión política y social tras el proceso electoral.
El caso ahora queda en manos de las autoridades correspondientes, mientras el hecho sigue generando reacciones y debates sobre el rol de las fuerzas de seguridad en escenarios de protesta y conflictividad política.
