- Ministro Emilio Hernández Hércules advierte impacto en las finanzas públicas y señala posibles irregularidades en procesos judiciales
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, reveló que las demandas y embargos interpuestos contra la caja única del Estado ascienden a 3 mil 903 millones de lempiras en lo que va de 2026, una cifra que —según advirtió— representa una fuerte presión para las finanzas públicas.
El funcionario explicó que el monto corresponde a procesos judiciales y acciones legales que afectan recursos estatales, y subrayó el impacto potencial que esto tiene sobre la planificación presupuestaria del gobierno.
“Con estos 3 mil 903 millones de lempiras, para ponerlo en números concretos, se pudo haber duplicado la cantidad de medicamentos que pudo comprar la Secretaría de Salud en un 175 %. También se pudo haber provisto textos escolares por seis años a los estudiantes del sistema público”, expresó.
Añadió que con esa cifra se habrían podido construir más de 240 kilómetros de carretera en la red vial nacional, incluso una vía desde La Barca – El Progreso – Tela, extendida hasta Jutiapa.
Instituciones señaladas en los procesos
Hernández Hércules detalló que los embargos y demandas involucran distintas instituciones públicas. Entre ellas:
- Secretaría de Salud: L 7,418 millones
- Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente: L 1,712 millones
- Procuraduría General de la República: más de L 1,000 millones
- Secretaría de Desarrollo Social: más de L 1,010 millones
- Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop): L 46 millones
- Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE): L 36 millones
- Hondutel: L 1,655 millones
- Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA): L 923 millones
- Diferentes alcaldías: L 206 millones
Además, señaló que el Estado mantiene una deuda flotante de 24 mil millones de lempiras que debe atender.
Llamado a revisión en el Poder Judicial
El ministro informó que se envió un oficio a la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal Superior de Cuentas y a la Procuraduría General de la República para que revisen actuaciones internas relacionadas con estos procesos, particularmente en la Sala de lo Laboral.
Según denunció, en algunos casos se omitiría la comunicación correspondiente con la Tesorería General de la República y se procedería directamente contra la cuenta del Banco Central de Honduras, lo que —a su criterio— afecta la administración ordenada de los recursos públicos.
Incluso, señaló que “pareciera” existir colusión entre personal judicial y defensores privados para afectar el tesoro nacional.
Petición al Congreso
Finalmente, Hernández Hércules solicitó al Congreso Nacional la aprobación de la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, con el objetivo de proteger la caja única del Estado y fortalecer los mecanismos de defensa financiera ante este tipo de acciones legales.
El señalamiento abre un nuevo debate sobre el impacto de las demandas judiciales en el presupuesto nacional y la necesidad de revisar los procedimientos que rigen los embargos contra fondos públicos.
